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Le llegó la noche al presidente Petro. El fallo -muchas veces postergado- del Consejo Nacional Electoral; las voces que desde “la izquierda” toman distancia de su liderazgo; la reiteración de hechos de corrupción asociados a otros dos ex ministros de su gobierno por parte de la Fiscalía, y su propia responsabilidad como jefe de Estado en lo que se ha conocido como “los archivos secretos de Calarcá” o la infiltración de las mafias en las Fuerzas Militares, son un epílogo triste para él pero también costoso para Colombia. Su reiterada amenaza de una constituyente podría devolverse cual boomerang al interpretarse como un intento de autogolpe ahora que su gobierno se termina. Para completar, cada vez le ayuda menos lo que estamos conociendo del proceso de compra de los aviones.
Aunque los amigos del presidente lo pueden presentar como un fallo político para aprovecharlo en vísperas de elecciones, la verdad es que, finalmente, el Consejo Nacional Electoral pudo llegar a una conclusión tan evidente como las conversaciones del todopoderoso ministro Benedetti con la “desaparecida” Laura Sarabia que todo el país escuchó, o el llamado de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusaciones sobre irregularidades en los gastos de campaña. El presidente no pudo evitar un fallo que reitera el carácter ilegítimo de su elección.
Coincide la decisión con la rebelión pública de otros sectores de izquierda que encontraron en este el momento oportuno para desmarcarse. La postura del ex gobernador Caicedo, quien pudo derrotar a Petro en el Magdalena, se suma a la más tibia pero notoria distancia que empiezan a tomar el exministro Cristo y el camaleónico Roy Barreras. Sus socios y amigos- encabezados por el expresidente Santos- toman distancia como lo hace la USO. Habría que preguntarle al candidato Cepeda si la disfuncionalidad y bipolaridad demostradas por el gobierno Petro -la personalidad diletante y errática, así como la irracionalidad; el desorden y el desprecio por la buena administración– hacen parte de su programa.
Hasta ahora el presidente ha salido al paso de sus permanentes afugias con cada vez más renovadas narrativas y un manejo de redes y de agenda pública más propios de un gobierno autoritario y manipulador que de un líder demócrata. Si el volumen subía demasiado narraba a sus incautos seguidores la historia del intento de golpe. Si la cosa no funcionaba sacaba del sombrero el sempiterno chantaje de la constituyente. Pero ahora las fórmulas habituales podrían no encontrar los resultados habituales. Las denuncias de Noticias Caracol han sido asumidas por la Fiscalía y la Procuraduría reconociendo su gravedad. La posible infiltración de estructuras armadas ilegales en mandos del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia configuran un riesgo que excede los ámbitos disciplinario y penal: compromete la estabilidad constitucional, la seguridad nacional y la neutralidad del Estado en un momento de alta sensibilidad política debido a la inminencia de las elecciones.
El presidente puede ser responsable de lo ocurrido desde diferentes ángulos y su solicitud de un análisis forense no lo exime de responder. El Congreso debe realizar en tiempo real el control político. Es su obligación constitucional. Debe determinar si hemos tenido nombramientos negligentes, falta de control de inteligencia o tolerancia frente a alguna infiltración. Si se han visto afectadas la unidad institucional, la seguridad del Estado o la integridad del monopolio de la fuerza pública. Si hemos tenido omisiones graves en relación a la Seguridad Nacional. El presidente ha estado “blindado” en la Comisión de Acusaciones como lo estuvo en el Consejo Nacional Electoral hasta ahora que su gobierno se termina y son, cada vez, más graves los hechos y conductas denunciadas. El silencio o letargo del Congreso serían incomprensibles en el momento actual.
