Pendientes de fondo en la reforma electoral

El proyecto de reforma electoral actualiza diversos mecanismos y aspectos de nuestra estructura legal y administrativa, pero se queda corto frente a nuevas modalidades de manipulación del elector en la era digital. En este caso el problema no se encuentra en los detalles; se trata de un aspecto muy de fondo.

La propuesta intenta mejorar el desempeño de una estructura que, debemos reconocer, con problemas, funciona. La registraduría, uno de sus dos componentes, históricamente ha sido un modelo de entidad pública periódicamente sometida a delicadas pruebas que siempre ha superado sin mayores inconvenientes, con el inmenso lunar de 1970, una herida sin cerrar.

Capítulo aparte merece el Consejo Nacional Electoral, una entidad que desde su origen intenta que las organizaciones políticas resuelvan, por sí mismas, sus controversias. Un objetivo que desde un punto de vista estrictamente jurídico podría resultar imposible. Vale la pena responder la pregunta, que el proyecto no resuelve, sobre la necesaria representación a su interior de nuevas formas de expresión ciudadana, aún sin expresión en el congreso, para encontrar un necesario equilibrio ético y moral haciendo realidad un criterio de inclusión que, en alguna parte, el proyecto invoca.

Además de indispensables precisiones conceptuales en su inicio, se puede reconocer en el proyecto un esfuerzo para que el aparato burocrático, en el mejor sentido, funcione y disponga de mejores herramientas. El voto electrónico y anticipado, una modalidad que ha suscitado debate en el congreso, puede observarse desde esa óptica. Esa actualización podría ser suficiente hace unas décadas, pero no hoy en un mundo en que inteligencia artificial y utilización de datos son herramientas muy usadas que el proyecto no considera suficientemente. ¿Se podrán desarrollar aplicaciones para que las administraciones públicas a nivel local y territorial consulten a sus ciudadanos, por ejemplo, sobre decisiones de políticas y asignación de presupuestos? ¿Cuáles serían sus reglas? ¿Cuál el valor, mecanismos, modalidades y sustento legal de peticiones virtuales de grupos significativos de ciudadanos? No parece suficiente la creación de una comisión asesora o un acápite para referirse a las redes y las organizaciones políticas.

Otro aspecto importante para considerar se refiere a las encuestas, sobre las que establece un periodo de 8 días antes de la fecha de elección para su publicación por parte, obviamente, de entidades debidamente acreditadas. Las firmas encuestadoras, empresas utilizadas también para propósitos científicos y comerciales, en una sociedad democrática no deben tener más controles para publicar sus hallazgos que su propia credibilidad. La veda, por el contrario, puede atentar contra el derecho constitucional a estar informados y es, desde todo punto de vista, anacrónica y absurda en el mundo que vivimos. ¿Puede existir una influencia perjudicial sobre el elector a escasos días o en cualquier momento de las campañas? Probablemente en los votantes indecisos, una variable no comparable con el derecho a informarnos oportunamente.

A propósito de malas influencias, el mundo, sin que nuestro país sea excepción, ha observado nuevas formas de manipulación de la opinión utilizando datos depositados en las redes sociales o, lo que es peor, de propiedad pública. Los sentimientos y emociones más íntimos de los ciudadanos son conocidos por los interesados para influir y alterar sus decisiones políticas a través, también, de ellas. Nada más sencillo que, basados en ese conocimiento, alentar odios, sentimientos y emociones negativas implementando estrategias de polarización al estimular, mediante noticias falsas, la confrontación, una modalidad de trampa sofisticada, si se quiere.

Los instrumentos difusores de mensajes falsos suelen ser robots con nombre de asociaciones ciudadanas o medios efímeros creados para la ocasión, ubicados en “cualquier parte”, lo que les permite evadir las legislaciones nacionales. Entre verdades alternativas y noticias falsas se alimentan polos de opinión construidos artificialmente. Una vez consolidados, los ciudadanos aplican esos “filtros” para definir su propia conducta. Sobre este tema, el más importante condicionamiento a la libertad, los valores democráticos y el engaño y manipulación del elector en nuestra época, el proyecto no avanza y tampoco lo hace sobre la utilización fraudulenta de datos en los procesos electorales. Excede el recuento y verificación de los votos, pero...

@herejesyluis