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La propuesta lanzada por el presidente -sin querer pero queriendo- al aseverar que el gobierno Santos firmó, pero no financió el acuerdo con las Farc, es, para nuestra sorpresa, realista en el diagnóstico, pero la intención de pagar esos compromisos con emisión es, por lo menos, descabellado. Sería un impuesto por debajo de la mesa que afectaría mucho más a los más pobres. Tendría un impacto nocivo, como su solo anuncio ya lo hace, en la inflación.
Se ha estimado su monto en 300 billones de pesos, el equivalente de 15 reformas tributarias del tamaño de la última. Se debe celebrar que, por fin, el presidente comienza a poner en blanco y negro, como debió hacerlo desde siempre, los presupuestos de sus ideas, responsabilidades y propósitos. Sin duda es una aproximación a la realidad y un logro que comience a dimensionarlas. Una demostración de que sigue “aterrizando”, más allá de consignas efectistas, aunque hacerlo le ocasione problemas con sectores afines, como el expresidente Juan Manuel Santos y el senador Humberto De La Calle, amigos de su gobierno hasta ahora. No deja de ser verdad que el acuerdo no estimó su financiación como tampoco lo es que en el plebiscito ganó el No, aunque el gobierno de entonces omitiera esa decisión democrática. Lo que sí constituye una sorpresa es que el presidente apenas ahora conozca los costos del proceso de Paz que prometió culminar. Que hasta ahora se ocupe de la fuente y el monto de los recursos que se requieren para cumplir sus promesas; de su realismo y factibilidad, como siempre le solicitamos, aunque sea, como en este caso, para responsabilizar a otros.
Con tantos descubrimientos y sorpresas de su parte, cada día, Gustavo Petro sigue dejando la impresión de que se postuló y fue elegido para gobernar a un país que, en realidad, no conocía. Diferente a la Colombia que se ofreció a gobernar y que seguramente solo existía en su percepción, como se ha comprobado en su diagnóstico del sector de la salud. Al parecer sigue sin conocerlo porque su frase según la cual el Banco de la República “debe dar a las víctimas de la guerra y no a los bancos” le puede sonar bien a una audiencia desinformada, pero él debe saber que abrir las puertas de la emisión para financiar el gasto del gobierno sería desastroso para la economía, como ha sucedido en Argentina y Venezuela, para citar casos actuales. ¿Estará de acuerdo el ministro José Antonio Ocampo?
Según conceptos básicos de economía, que también debe por su formación conocer, debe existir correspondencia y equilibrio entre la masa monetaria, de una parte, y los bienes y transacciones en cualquier mercado. La autoridad monetaria, en todas partes del mundo, a través de políticas contractivas o expansivas según la necesidad, intenta influir en la actividad económica, pero un asunto muy diferente es financiar con emisión el gasto de los gobiernos; un sueño populista convertido en pesadilla que, hecho realidad, devastó las economías latinoamericanas en la segunda mitad del siglo pasado. Una nefasta experiencia que, al menos en Colombia, hasta ahora nadie parecía dispuesto a repetir.
La salida más fácil, pero con seguridad la peor, para cumplir esta o cualquiera de sus promesas, es poner a funcionar la máquina de hacer billetes, aun con el argumento de que van para “las victimas” estimadas en cerca de nueve millones de compatriotas. Hacerlo convertiría en víctimas, por la vía de la inflación, a todos los colombianos.
