Nuestro país, como las demás democracias de América Latina, debe jugarse más a fondo por poner punto final a una dictadura –ahora tutelada por el presidente Trump, cuyo gobierno no durará para siempre– que sigue oprimiendo a los venezolanos y ocasionando graves problemas a Colombia. El presidente De la Espriella, de quien Trump se declara amigo permanentemente, debe tomar la vocería latinoamericana para realizar unas elecciones que no admiten más dilación.
Las movilizaciones de la semana pasada en toda Venezuela, deflactadas por las amenazas de un régimen ahora más empoderado por su “sociedad” con el gobierno Trump, demarcan el inicio de una nueva coyuntura luego del fraude electoral de 2024 y la captura de Maduro que, paradójicamente, ha dado aire a una dictadura que antes de Trump agonizaba. La caída del dictador, de manera increíble e inaceptable, ha garantizado la continuidad del régimen. Maduro está detenido pero el chavismo conserva el poder. No existen garantías para una oposición que salió a las calles a reclamarlas bajo una única consigna: “la fecha de la elección es la fecha de la liberación”.
La contradicción es difícil de sustentar. Trump busca asegurar el acceso al petróleo venezolano, pero la dirigente que encarna la alternativa democrática que ganó las elecciones de 2024 permanece excluida de las conversaciones políticas. ¿Tiene sentido reorganizar el negocio petrolero con los cómplices y herederos de Maduro sin garantizar los derechos de los venezolanos a decidirlo de manera autónoma? La inversión extranjera puede contribuir a la recuperación económica; pero pierde valor e interés al carecer de controles democráticos y legitimidad política.
El presidente De la Espriella debe abogar por una hoja de ruta con compromisos verificables: retorno seguro de María Corina, garantías para los candidatos, liberación de todos los presos políticos, observación internacional independiente y una fecha cierta para elecciones libres que no puede ir más lejos del primer semestre de 2027. Su cercanía con Trump puede convertirse en una herramienta diplomática si la utiliza para solicitar una reunión con la Casa Blanca y proponer una gestión coordinada con Brasil, Chile, Ecuador y otros gobiernos latinoamericanos.
La iniciativa también puede convenirle a Trump. En vísperas de las elecciones del 3 de noviembre, el anuncio de una transición democrática verificable le permitiría presentar un resultado diplomático considerando que sectores republicanos cercanos al voto hispano –como la representante María Elvira Salazar– se le han desmarcado.
La gestión y el liderazgo de Colombia por el retorno de la democracia en Venezuela va más allá de nuestros lazos de hermandad. Tenemos intereses concretos. La presencia de organizaciones armadas y redes del narcotráfico que encuentran refugio o espacios de operación en Venezuela afecta nuestra seguridad y la del continente. Y la recuperación del comercio bilateral —que alcanzó 1.170 millones de dólares en 2025, todavía muy lejos de los más de 7.000 millones de 2008, cuando Chávez ordenó su liquidación— demanda confianza y estabilidad .
Existe un intervalo de política interna e internacional que el presidente no puede ignorar: Muchos colombianos –aún sin conocerle– decidieron elegirlo para evitar la continuidad del petrismo, al que observaban como una versión criolla del castrochavismo. Ellos esperan respuestas de un estadista que logre canalizar el interés nacional más allá de los anecdóticos patrullajes presidenciales o las denuncias de corrupción en forma de retrovisor mientras los “sindicados” siguen tan campantes.
La defensa de la democracia venezolana no garantiza dividendos electorales inmediatos, pero ofrece la oportunidad de demostrar que la salvaguarda de las instituciones es un principio y no una consigna reservada para la oposición. Maduro está detenido. La democracia sigue pendiente. Presidente, conseguir que los venezolanos recuperen sus libertades también es nuestra responsabilidad.