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El reconocimiento y las garantías a la protesta social, un derecho que no es absoluto ni atemporal, no pueden ser obstáculo para controlar la criminalidad desbordada y el caos que estamos viviendo. Hechos como los observados en Buenaventura, la vandalización de Transmilenio, los bloqueos indiscriminados y otros deben ser condenados por el Comité del Paro, pero es responsabilidad del Gobierno mantener y garantizar, para todos, un mínimo de orden.
El paro se ha convertido en una expresión de la polarización. A casi un mes de su declaratoria e inicio de las movilizaciones, más que una solución a los problemas históricos de nuestro país –una tarea que puede extenderse en el tiempo– y a las solicitudes de una parte importante de la población, es imperativo restablecer unos mínimos de convivencia que nos permitan vivir y mantener nuestra salud, alimentarnos, desplazarnos, trabajar e incluso negociar.
La situación se ha complicado. Las pérdidas para la economía por cuenta del paro se calculan ya en decenas de billones y la pérdida de empleos, por cientos de miles. El Gobierno, con su errático manejo de la reforma tributaria, ha sido “conducido” a un peor escenario, uno en que una calificadora de riesgo nos ha bajado el grado de inversión y, por otra parte, no se logra contener ni resolver el descontento y la movilización que suscitó. Con el pecado y sin el género, con el agravante de la anarquía y el caos que se han apropiado de ciudades y vías por cuenta de la destrucción de bienes públicos y privados y de los bloqueos, convertidos en un desafío para el Estado, que en realidad “somos” todos.
El Gobierno, un paso atrás de los hechos, toma medidas, pero no resuelve la situación. El Comité del Paro no controla excesos en las movilizaciones, vandalismo, terrorismo ni bloqueos, pero es el referente moral y coordinador de la protesta. Ante una negociación que no prospera y a falta de otras medidas que permitan restaurar un mínimo de orden, decisiones como los subsidios a la matrícula, las ayudas para compra de vivienda de los jóvenes, el mismo retiro de la reforma a la salud –de iniciativa parlamentaria– y el inminente y ya iniciado reajuste del gabinete podrían dejar de presentarse como soluciones desarticuladas para relacionarse con las demandas y la negociación, como una respuesta a la crisis, pero no ha sido así por razones difícilmente explicables.
A la oposición y dentro de ella a los promotores del paro les parece que no se han resuelto sus demandas, mientras los sectores empresariales y ciudadanos que votaron por Duque y lo han respaldado permanecen atónitos ante el despelote en que nos encontramos sin que el Gobierno logre contenerlo.
Luego del retiro de la reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y el retiro de la reforma a la salud, dos banderas iniciales del Comité del Paro, ahora se solicita nuevamente –recordemos a Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo– la del ministro de Defensa. Por extensión, es de esperar que pronto se pida la del presidente y después, por inercia, como se comenta en “la calle”, la anticipación de elecciones o mantener el actual clima de opinión y de desastre hasta las presidenciales. Si se trata del poder, y todo indica que de ello se trata, debemos recordar que disponemos de reglas: un sistema de leyes, una Constitución y un calendario electoral que deben ser respetados.
El Gobierno debe comprender que en el actual escenario puede ser inútil solamente discutir razones de orden técnico. Todos podemos tener un poco de razón. La polarización no se afianza sobre un discurso racional; la política, menos. En teoría el mensaje del presidente puede ser argumentado pero la gente en la calle no lo “lee”. El Gobierno tampoco lee el de “la calle”, diferente al del Comité del Paro. Se trata de peticiones reales agudizadas por la pandemia, pero también de emociones, sentimientos y razones desbordadas y, como ocurre en política, manipuladas.
Se ha extendido la idea según la cual impedir el ejercicio de los derechos de gran parte de la población, como ocurre en los bloqueos, se justifica por un supuesto “bien mayor”. Un estado de cosas en que todas sus carencias y limitaciones serán complacidas por un Gobierno “bueno” que, en las circunstancias, haga magia. Con un discurso del mismo corte llegaron al poder todas las dictaduras. Mientras llega, presidente, la anarquía y los veintitantos nueves de abril que llevamos deben por fin parar.
