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El sector privado puede ayudar mucho más en la ejecución del plan de vacunación y por su manifiesto interés en participar nadie debe incomodarse, en un momento en que debemos trabajar de manera colaborativa para salvar vidas.
No hace falta “descubrir” las particularidades de la gestión pública que, también en el caso de las vacunas, la hacen diferente de la privada, cuando necesitamos un esfuerzo nacional en una emergencia en la que debe primar el interés de todos buscando sinergia. No caben discusiones políticas ni filosóficas sobre la función del Estado, al que corresponde diseñar las políticas y tomar la iniciativa, pero se puede enredar innecesariamente en su ejecución.
Pese a las facultades de la emergencia sanitaria, hemos podido observar un comportamiento no deseado, pero no menos perjudicial, en la gestión de las vacunas. Líneas telefónicas congestionadas; incertidumbre y, hasta ahora, más expectativas que vacunas, lo que puede explicar las dificultades en su implementación. En este momento deberíamos conocer las listas de ciudadanos y fechas opcionales en que será inoculado cada uno teniendo en cuenta el calendario de entregas, reportado al menos semanal y debidamente ajustado, lo que parece extraño si consideramos que las EPS, mayormente privadas, cuentan con experiencia en citas y atención a los usuarios del sistema de salud.
Las dificultades en la implementación de planes de vacunación no son un problema exclusivamente colombiano, pero esperábamos, en razón de la argumentada experiencia de nuestro país e infraestructura de vacunación, mayor celeridad y certezas de las que tenemos hoy. Luego de diseñada la política, el eje de la implementación del plan deben ser las EPS e IPS y mucho menos los gobiernos, nacional o locales. La dinámica, fricciones, diferencias de intereses y efectos, propios de la burocracia están suficientemente analizados y reconocidos a nivel mundial.
“Los gobiernos son los más capacitados para establecer una estrategia, pero no suelen ser los más indicados para desarrollarla. Nuestros sistemas son muy burocráticos y reacios a asumir riesgos”, ha expresado, con razón, el ex primer ministro Tony Blair, desde un país con alto desarrollo institucional. En Colombia, en la era de las aplicaciones, no debería resultar complicado vincular empresas privadas, instituciones de gobierno y ciudadanía, objetivo del modelo de gobierno abierto. Una vez definidas las políticas, no se trata de discursos sino de una aplicación que funcione. Hasta ahora, debe decirse, la aplicación “Mi vacuna” no lo logra.
En el mundo la emergencia ha provocado un remezón en las administraciones públicas. Países como Israel y Chile, que espera vacunar al 80% de su población en el primer semestre, van saliendo bien evaluados, mientras la Unión Europea, en gran parte por carencia de sinergia, no tanto. No es para menos: el indicador de vacunas disponibles y aplicadas hace diferencia. Con las vacunas se pierden o salvan vidas como se ha demostrado en el freno a las muertes de adultos mayores ya vacunados en España, Israel y Estados Unidos.
Una vez lograda la vacuna, el mayor obstáculo para su distribución y aplicación ha sido la competencia feroz y la ausencia de una política armónica a nivel mundial, en la que ha primado el interés del más avispado, el más rico o “fuerte”, pero no los de sectores más necesitados, privilegiando consideraciones de orden nacional sobre las de carácter humanitario o científico.
Por otra parte, el mundo no ha logrado ponerse de acuerdo para hacer coincidir los derechos de las firmas que desarrollaron las vacunas con los intereses de la población mundial, una discusión que se adelanta en la Organización Mundial de Comercio, intentando suspender, temporalmente, los derechos de propiedad intelectual a cambio de una retribución de los gobiernos. Las vacunas pertenecen a empresas privadas y, hasta ahora, las venden a estos. ¿Será extraordinario que en nuestro país el sector privado nos ayude a gestionar su compra y suministro? Mientras tomamos la decisión más adecuada, la pandemia sigue causando estragos.
Se trata de ayudarnos obrando con eficiencia y rapidez, dos objetivos en que el sector privado ha mostrado históricamente fortalezas y el público, debilidades. No importa quién las consiga o aplique, todos comprendemos que se trata de una responsabilidad del Estado del que todos hacemos parte. Procede ayudarnos. Tratándose de salvar vidas, nadie debería necesitar permiso.
