El cierre de Colmotores es un lamentable pero claro ejemplo acerca de cómo las promesas populistas, confrontadas con la realidad, se desvanecen. La competitividad, fundamento del comercio nacional e internacional, no depende solamente de la voluntad de los políticos. Mucho menos cuando los gobiernos, con su inacción o errático desempeño, avanzan en sentido contrario de la inversión y el empleo.
No se encuentra tan lejos la pasada campaña presidencial como para olvidar promesas de los candidatos. El Pacto Histórico se comprometió a fomentar el trabajo nacional y reducir la “dependencia”, incluyendo una propuesta de puente interoceánico por el que viajarán, finalmente, solo sus ingenuos electores. En sentido contrario vivimos en el mundo real. La caída de la inversión es notoria; la tasa de desempleo sigue creciendo y empresas líderes, como las ensambladoras, atraviesan una de sus peores crisis. Luego de 70 años y de convivir con muchos gobiernos, bajo el actual Colmotores debió cerrar. A este corresponde la responsabilidad.
Desde esta columna advertimos antes, como lo hacemos ahora, acerca de la facilidad del populismo para habilitar escenarios en la mente de incautos electores y sus distancias con el mundo real. En un universo interconectado las posibilidades del trabajo nacional pasan por los filtros de productividad y competitividad. Esta, a su vez, no depende de promesas sino de factores como un marco legal e institucional estable; una adecuada infraestructura y el desarrollo del mercado interno promovido armónicamente por el Estado y el sector privado.
En lugar de generar confianza, como corresponde a un manejo responsable del Estado, en contravía de estos factores actúa todos los días el actual gobierno. El marco legal e institucional frecuentemente es confrontado por sus ocurrencias, la más reciente un llamado “proceso constituyente” que podría cambiar, a su acomodo, todas nuestras reglas. El desarrollo de vías e infraestructura se encuentra paralizado y, luego de lo ocurrido con la licitación de pasaportes, la legislación sobre contratación se ha puesto en entredicho. Casi no pasa jornada sin que se amenace, de alguna forma, al sector privado y las instituciones. En esas condiciones es difícil calificar al escenario con una palabra diferente a incertidumbre deteriorando nuestra competitividad.
General Motors cierra su ensambladora en Colombia porque el país y el mercado no son competitivos y le va mejor invirtiendo en otra parte. ¿Cuáles fueron las acciones del gobierno para preservar esos empleos? El sector automotor, al igual que el de construcción y otros, atraviesan una de las peores crisis de su historia. En 2023 facturó un 30 % menos respecto del 2022. Colmotores fabricaba, para diferentes países de Latinoamérica, vehículos como el Chevrolet Joy, lo que aumentaba la demanda de partes y trabajo nacional. Su cuota de mercado ahora debemos importarla. Se sacrifican los empleos directos de la ensambladora, pero también de fabricantes de partes que realizaron cuantiosas inversiones. El país pierde desde donde se mire.
En general los inversionistas perciben un adverso clima de negocios y calculan los efectos de las reformas proyectadas. ¿De qué manera les afectarán las inversiones forzadas que se anticipan ahora? ¿Se irán también los capitales del sector financiero? ¿Generará más confianza la proyectada modificación de la regla fiscal? ¿Cuántas empresas se marcharán?
Todo esto ha ocurrido sin que el gobierno se diera por enterado de que a la economía llegaba un periodo de vacas flacas haciendo indispensable un plan de reactivación que no ha sucedido. Evocando una frase del discurso presidencial el 1 de mayo se puede confirmar que la gestión de Petro no es como la de Uribe. Tampoco como la de Maduro, pero a este, en cambio, cada día se le parece más. Aquí, como en Venezuela, las empresas se van.
@herejesyluis