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Al referirse a la ambigua postura del presidente Petro en relación con la coyuntura que atraviesa el régimen venezolano, la Nobel María Corina Machado pudo comentar: “no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad”. No alcanzó a registrar las declaraciones de Petro advirtiendo que Colombia “tendría que intervenir si Estados Unidos invade a Venezuela”, una postura que puede reflejar su afinidad ideológica pero no la del Estado colombiano. En este caso la prudencia no es una opción sino un deber constitucional. Esa declaración, más allá de su tono desafiante, es profundamente imprudente. No solo porque puede comprometer la política exterior del país, sino porque sugiere la alineación con un régimen autoritario que ha hecho de la represión y del engaño la forma de gobierno que la mayoría de los colombianos aborrecen.
La dictadura lleva más de veinte años en el poder y es heredera directo de un modelo que destruyó la economía venezolana y desmontó las libertades públicas, como si el malestar de su pueblo y la ruina institucional de Venezuela fueran producto de una conspiración y no de veinticinco años de autoritarismo, corrupción y control social. El mundo vio cómo el régimen se robó las recientes elecciones celebradas tras el Acuerdo de Barbados, mediante exclusiones, amenazas y manipulación del aparato electoral. La tiranía ha logrado poner de acuerdo con el gobierno Biden, al que engañó y quien lo calificó como una dictadura, y al gobierno Trump que ha hecho lo propio como lo hizo desde hace años la Unión Europea.
Presidente Petro: no se puede colocar en el mismo plano al gobierno legítimo de los Estados Unidos y a la dictadura venezolana. Hay una diferencia esencial que su discurso omite. El problema de Estados Unidos no es con Venezuela ni con su pueblo —al que millones de colombianos hemos acogido con solidaridad—, sino con una dictadura narcotraficante que ha hecho del territorio venezolano refugio y plataforma de actividades criminales transnacionales. Intentar defender a Maduro en nombre de la soberanía latinoamericana es tan absurdo como justificar la opresión en nombre de la libertad. No le cuadra por parte alguna.
Además del equívoco político, está la gravedad institucional. El presidente de la República no puede tomar decisiones unilaterales en un asunto de semejante magnitud. La Constitución Política es inequívoca: el artículo 173 establece que solo el Senado de la República puede autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. No hay esguince o “convenio” posible. El artículo 189 otorga al presidente el mando de las Fuerzas Armadas, pero dentro de los límites del Estado de Derecho. Y el artículo 241 confiere a la Corte Constitucional la facultad de controlar los actos del Ejecutivo que afecten la soberanía o los tratados internacionales. Saltarse esas instancias sería un acto de temeraria arrogancia institucional, a menos que espere el final de su periodo- en unos pocos meses tendremos elecciones- para hacerlo a título personal o de su movimiento.
La prudencia, presidente, no es sinónimo de cobardía. Refiere el temple de los verdaderos estadistas Colombia no puede convertirse en cómplice de un régimen que representa lo contrario de lo que nuestra democracia defiende.
