A pesar de la búsqueda de consensos previos, la nueva versión de la tributaria, como la anterior, se convertirá en objetivo político sin considerar si el país la necesita.
Puede parecer que una nueva reforma tributaria, luego de la explosión social provocada por la anterior, va en contravía de la deplorable situación agudizada en la pandemia. En realidad, se trata de un acto de responsabilidad por parte de un Gobierno que, más allá del lente de la polarización con que generalmente se observa, se puede calificar como técnico y pragmático, aunque reactivo y divorciado de la realidad política, que no identificó más allá de las cuentas en el Congreso para lograr puntuales mayorías. No observó oportunamente, por ejemplo, el estado de la opinión ni el impacto en su gobernabilidad de la proximidad de las presidenciales.
La reforma obedece no solo a la presión de las calificadoras de riesgo para garantizar la deuda, una costosa advertencia acerca de la salud de las finanzas públicas. Se refiere a la necesidad de cumplir con los compromisos de un Estado que ha debido emplearse a fondo para atender la pandemia en forma de extensión de subsidios, ayudas como la matrícula cero y aumento de gasto e inversión pública para que el país siga funcionando. En la reforma propuesta, debe reconocerse, han asumido un mayor costo sectores empresariales, lo que puede tener consecuencias en la dinámica de la economía y el empleo, haciendo prever que más temprano que tarde tendremos un nuevo ajuste, ojalá estructural y duradero.
Así que se trata de una reforma de emergencia, lo que no debe parecer tan raro en un momento en que el mundo vive una situación excepcional. Lo ocurrido en otras latitudes, las maneras como los gobiernos se han anticipado y reaccionado, nos puede ayudar a comprender el periodo que vivimos. El panorama de los gobiernos presentado la semana pasada por la OCDE ofrece, como ningún otro análisis publicado hasta ahora sobre los efectos de la pandemia, una ajustada visión.
La combinación entre reducción del PIB y aumento del gasto público para atender la pandemia no ha sido un problema nacional imputable a “malos gobiernos”, en nuestro caso al “gobierno uribista”, como se suele simplificar desde uno de los polos su gestión. La reducción de ingresos en los países de la OCDE alcanzó hasta un 16,4% del PIB y el aumento de sus deudas públicas hasta un 10,5% en 2020. Mientras tenían un déficit fiscal promedio en 2019 del 3,2% de su PIB, este ascendió durante 2020 en 18 de ellos a cifras superiores al 5%, es decir, prácticamente se dobló en algunos mientras la deuda pública de todos pasó del 97% del PIB en 2019 hasta 115% en 2020.
¿Se deben reducir en un periodo de crisis como el que vivimos los niveles de gasto e inversión pública, como propone la nueva reforma tributaria y reclaman importantes sectores de la población? Depende. Para la OCDE se trata de mejorar —diferente a reducir— el gasto público haciéndolo más eficiente. En Colombia sería suficiente recortar efectivamente los niveles de corrupción, un aditivo que les sigue faltando a nuestras reformas tributarias, sin el cual todos tendremos derecho a seguir reclamando eficiencia en el gasto, equilibrio y justicia.
Una observación importante en el informe se refiere al “retorno del Estado” provocado por la pandemia, como calificamos desde esta columna anticipadamente al reconocimiento de su función como garante de bienestar y estabilidad de las naciones, superando en los hechos la discusión académica entre Estado y mercado que nos ha tomado décadas “resolver”. El informe confirma que a nivel mundial la confianza en el Estado está de vuelta e identifica tres prioridades en su desempeño: 1) la lucha contra la desinformación, 2) mejorar la representación y la participación, y 3) fortalecer la capacidad de gobierno, aprovechando las nuevas tecnologías.
Aunque desde una perspectiva electoral interesada todos los problemas del país se solucionarán el año entrante con un cambio de gobierno, por arte de magia y sin ninguna reforma, un mayor conocimiento de la gestión pública desde el punto de vista de la administración, como el ofrecido por la OCDE, nos ubica ante una agenda diferente: independientemente de las promesas electorales y lo que ocurra en elecciones vamos a necesitar estas y otras reformas para superar la crisis y prosperar.
