Reclamemos la Costa de Mosquitos

La estrategia colombiana de presentar contrademandas con la intención de ganar tiempo y espacio para persistir en las imperfecciones del fallo de 2012 y posponer su ejecución mientras las circunstancias cambian y la Corte de La Haya entra en razón, se vio recompensada solo parcialmente, en cuanto en la sentencia hay un claro llamado a su cumplimiento. El reconocimiento del derecho de la Armada colombiana para seguir patrullando la zona, por las razones que fuere, confirma que, en la práctica, el fallo de 2012 es contradictorio, pero más allá de eso, es inaplicable.

Aunque los negociadores colombianos se declararon satisfechos con el fallo de la Corte Internacional de La Haya, en Europa, Estados Unidos y otras latitudes piensan lo contrario. La BBC, desde un ángulo neutral, tituló que “la Haya falló a favor de Nicaragua”. Así lo entendieron también el gobierno y los escasos medios que quedan en Nicaragua. En una decisión ambigua, como suelen ser las decisiones jurídicas con trasfondo político, la Corte, que trata en condición de igualdad a una democracia como la nuestra y a una dictadura, dio argumentos a las dos partes para declararse “ganadoras”. Mientras tanto, el problema sigue sin solución.

El litigio con Colombia ha sido un caballito de batalla de la dictadura, mucho más luego del éxito obtenido en 2012 que desnudó el nivel de dejación de nuestro liderazgo en asuntos internacionales. Siguiendo una tradición centenaria de la dirigencia política, si las cosas no afectan a “Bogotá”, no ocurren. Así perdimos Panamá y jamás reclamamos con seriedad la Costa de Mosquitos que en algún momento adjudicó al virreinato de la Nueva Granada el Rey de España. ¿Absurdo? Si la dictadura ha tenido agallas para negar el tratado de 1928 y reclamar sobre la integridad de Colombia, a nosotros nos han faltado para hacer valer nuestros derechos o, cuando menos, para forzar una eventual negociación de límites, la única salida razonable en el largo plazo.

La victoria de las reclamaciones nicaragüenses —un país que no tiene capacidades físicas ni autoridad moral para ejercer soberanía en el territorio en disputa— en 2012 solo se puede comprender por nuestras pugnas internas. ¿Qué habrá ocurrido con la Comisión asesora de Relaciones Exteriores, sin reunirse en los últimos años? ¿Será que los expresidentes y la oposición no pueden pactar una tregua que, sobrepasando sus diferencias, se ocupe de los asuntos de Estado? No es lo mismo perder frente a un enemigo superior, militar o moralmente, que, ante un dictadorzuelo, aunque se trate de uno con amigos como Chávez y Maduro, o amenace, aprovechando la coyuntura internacional, con la intromisión de China o Rusia en el Caribe.

Con frecuencia afirmamos que problemas como el de Nicaragua son producto de la incapacidad del gobierno colombiano siendo, en realidad, una responsabilidad extendida a todos los ciudadanos y a diferentes gobiernos. Generalmente sacrificamos la perspectiva de Estado por el dictamen de las coyunturas políticas, olvidando que muchos de los actores que ahora se reclaman como “nuevos” o promotores de cambios, no son tan nuevos y tratan de modificar sus propias andaduras. Actores con diferentes intereses políticos, como los expresidentes Santos, Uribe y Duque han coincidido, en su momento, en la imposibilidad de aplicar el fallo de 2012, así como personajes de la vida política, ahora en la oposición, como el ex presidente del Senado Roy Barreras. La responsabilidad le cabe a toda la dirigencia política, incluidos los sectores que no han logrado, en el nivel nacional, gobernar, pero han desempeñado posiciones de liderazgo en la vida nacional.

Como no podemos aspirar a conflictos eternos, en el largo plazo debemos lograr un acuerdo de límites, para lo que se necesitan contrapartes en condiciones de igualdad y con suficiente capacidad política. Un acuerdo de ese tipo, interpretando los fallos, es en realidad político. En una Colombia en la que existen los periodos de gobierno y la alternancia, al gobierno de Duque le quedan pocos meses, mientras que Ortega es un dictador con el que ningún gobierno democrático negociará.

No se trata de desconocer el fallo sino de garantizar objetividad en las condiciones de su aplicación. Debemos esperar a que se resuelvan las demandas de Colombia —incluyendo una eventual reclamación de la Costa de Moquitos que estamos demorados en presentar— y se reconozcan plenamente los derechos de las comunidades raizales. Mientras tanto nuestros pescadores deben seguir haciendo su trabajo y la Armada colombiana protegiendo sus derechos.

@herejesyluis