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Para cumplir el acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las FARC, o para vivir en paz, no se necesitan referendos ni nuevas constituciones sino interés, recursos y capacidad de gestión de los gobiernos. Es por lo menos descabellado, como ha dejado entrever el excanciller Leyva, que se necesiten más ajustes institucionales para cumplirlos. En su momento la Corte Constitucional avaló decenas de decretos, leyes y actos legislativos “blindando” esos acuerdos. Si no fueran constitucionales, evidentemente, se habría abstenido de hacerlo.
La narrativa según la cual existe en nuestro país una especie de régimen que no permite diversidad, inclusión o justicia social se desvanece para quien haga un análisis básico de nuestra Constitución, considere sus circunstancias históricas o la compare con otras. Para comenzar fue firmada por fuerzas políticas que representaban y representan al país, incluyendo al entonces desmovilizado M-19, uno de cuyos militantes es hoy presidente.
La incapacidad de los gobiernos, comenzando por el actual, no puede endosarse a alguna precariedad de las normas. ¿Cuántas hectáreas de tierra ha comprado, para esos efectos, el gobierno del cambio? ¿Ha mejorado la seguridad de todos los colombianos o la de los exguerrilleros de las FARC? ¿Vivimos un mejor ambiente de paz que cuando llegó? Recordemos que en la gestión de los gobiernos como en la historia no se aceptan disculpas ni pretextos. ¿Referendos? Recordemos al del gobierno Santos que convocó uno, verdaderamente crucial, solo para incumplir su mandato. Si alguien quisiera buscar pretextos, los problemas de la paz podrían adjudicarse, más bien, al incumplimiento de los resultados de ese plebiscito, un verdadero conejo a la democracia.
Nadie puede pensar que los firmantes de los acuerdos no conocían de las dificultades y tiempos de su cumplimiento. Del esfuerzo que el país debía y debe realizar para lograrlo. Dos factores, además de la voluntad popular expresada en el plebiscito e ignorada por los firmantes, no consideraron los acuerdos: la incapacidad de los gobiernos para gestionarlos y la capacidad e influencia del narcotráfico, un problema que no soluciona ningún referendo. Al sindicar de “traquetos” a negociadores de los grupos armados en la “paz total”, el presidente, tácitamente, concedió razón a quienes desde diferentes orillas le advirtieron que sería complejo domesticar tigres con dietas veganas. Si se trata de cumplir el acuerdo con las FARC debemos recordar que incluso el próximo gobierno tiene el mandato imperativo de hacerlo. Otra cosa es la legalización de las drogas, una decisión que tarde o temprano asumirán las sociedades -como lo reconocen sectores del partido demócrata en Estados Unidos- pero excede nuestras capacidades y recursos.
La narrativa según la cual el supuesto régimen no le permite cumplir los acuerdos ni quiere que vivamos en paz tendrá eco en desinformados sectores de la izquierda internacional -con los cuales el actual gobierno se ha cuidado en alinearse para garantizar su respaldo-, pero ello no solucionará ninguno de nuestros problemas. Menos los que afronta el gobierno, comenzando por el inexorable acercamiento al final de su mandato. A dos años de su elección se ve como otra disculpa para afrontar desafíos que no ha logrado gestionar y, si se puede, mantenerse en el gobierno. Si hoy se convoca algún referendo cumpliendo las normas constitucionales el gobierno sería derrotado abrumadoramente, como ocurrió en las elecciones regionales y lo expresan las encuestas.
Difícil no recordar historias muy parecidas que promovieron, en su momento, dictadores del corte de Franco, quien en 1947 convocó un referendo para la aprobación de una Ley de Sucesión, antes de quedarse hasta 1975; de Pinochet, quien en 1980 convocó un plebiscito, para quedarse diez años más, mientras Hussein, más directo, uno en 2002 para extender su mandato. En nuestro país, el expresidente Santos, con la bandera de la paz, pudo repetir periodo, pero eso fue antes de que la reelección fuera prohibida por la Constitución. ¿Alguien busca pretextos?
