¿Reformar sin renovar?

El proyecto de reforma política intenta solucionar problemas del sistema político generados por remiendos realizados hace más de 10 años para “salir del paso”. Lecciones que nos advierten sobre lo que no debe ocurrir ahora. Los cambios sociales y tecnológicos deben ser reconocidos por el ajuste legal e institucional. Tenemos, de nuevo, la oportunidad de hacerlo.

La promesa de “cambio” ha despertado múltiples expectativas, pero cualquier reforma debe considerar una visión lo más universal que las circunstancias permitan. En un entorno cambiante, todos queremos reformas para reclamar lo que nos parece mejor para nuestros particulares intereses. Corresponde a Gobierno y Congreso interpretar el interés general, aunque se demore un poco. Las consecuencias de reformas “urgentes” convertidas en fracasos, realizadas al calor de los triunfos electorales, se pueden observar en Venezuela, Chile, Perú o Argentina, para citar casos conocidos y recientes.

El proyecto de reforma política toca aspectos identificados, y postergados desde hace años como indispensables para optimizar el funcionamiento del sistema político. Las listas cerradas y el financiamiento estatal de la política pueden ser los más importantes en la perspectiva de institucionalizar y despersonalizar la actividad, cerrando la puerta a prácticas indeseables, como la apropiación de los espacios de participación por parte de verdaderas mafias regionales, lo que de hecho ha generado un modelo de corrupción apropiadamente descrito, en su momento, por Sergio Fajardo: “pagan para llegar y llegan para robar”. El proyecto acierta al reconocer que cualquier reforma pasa por el fortalecimiento y construcción de verdaderos partidos.

Tiene otros elementos que ameritan una mayor discusión, como la licencia temporal al transfuguismo. Ya conocemos de las excepciones que se reglamentan “por una vez”. Llamémosle por su nombre: se trata de remiendos, no de reformas. En el Llano solemos decir que “quien remienda no estrena” o “lo que provisional se hace provisional se queda”. ¿Hasta cuantos fracasos de reforma repetiremos excepciones?

Pero más que los aspectos contenidos en el proyecto llaman la atención los que no se han considerado, como la actualización de las normas electorales, la Organización Electoral y de las formas de participación. En la perspectiva de una democracia abierta resulta impostergable reconocer la expresión, mediada por tecnología, de comunidades y grupos ciudadanos. La reducción de edad para acceder al Congreso, buscando reconocer a los jóvenes y motivar su participación, es conveniente pero exageradamente simplista. La reglamentación de mecanismos como las consultas ciudadanas utilizando las TIC nos daría muchos mejores resultados en una sociedad que utiliza otros lenguajes y medios para manifestarse. Recordemos las herramientas utilizadas por los mismos jóvenes para convocar las recientes movilizaciones. ¿No vale la pena reglamentarlas y utilizarlas para fortalecer la democracia y no para destruirla?

Algo parecido ocurre con la obsolescencia de las normas electorales. Mientras limitan, de manera absurda, la información a la que tenemos derecho mediante la publicación de encuestas, prácticamente no se refieren al abuso de las redes en las campañas políticas; al abuso de las llamadas “verdades alternativas” o el reinado de los influenciadores que están transformado las formas de hacer política. ¿Nos dirigimos hacia unos cuerpos colegiados gobernados por influenciadores y no por algún tipo de conocimiento probado, ideología, programa o razón científica? Cualquier reforma en el siglo XXI debe ocuparse de estos temas más que de los del siglo pasado. Reformar sin renovar es, más o menos, seguir en lo mismo.

Posdata: Hablando de reformas es un buen ejercicio el intento de construcción social del plan de desarrollo ―una versión petrista de los consejos comunitarios del expresidente Uribe y los “Construyendo país” de Duque― que han involucrado a las comunidades en la elaboración de políticas públicas, acercando el gobierno a la gente. Debe considerarse, sin embargo, que, en general, los problemas de municipios y regiones están más que diagnosticados. Por otra parte, a estas alturas del desarrollo tecnológico, en la era de los gobiernos abiertos, el mecanismo, que puede ser popular y obtener reconocimiento mediático, es, por lo menos, obsoleto. Las comunidades organizadas, como las juntas de acción comunal, las asociaciones de padres y vecinos y copropietarios disponen hoy de otras maneras de expresarse. Valdría la pena utilizar la oportunidad que se presenta para reglamentar esas expresiones, no solo en el plan de desarrollo sino en las actividades políticas, como parte de una reforma que actualice, de verdad, el sistema político, y lo ponga a tono con el desarrollo tecnológico que hoy disfrutamos, pero, a veces, padecemos.

@herejesyluis