Al margen de los compromisos del gobierno con sus electores; del cumplimiento de sus promesas de cambio, debemos coincidir en que mucho debe ser cambiado y /o actualizado, tomando recaudos para que los remedios no resulten peores que la enfermedad.
Ese parece el caso de la propuesta reforma política. No constituye un avance la conversión de congresistas en ministros, un verdadero atentado contra la independencia de poderes que funciona en regímenes parlamentarios, pero no en los presidencialistas, como el nuestro. Tampoco la ampliación de periodos – que extendería el contubernio entre congresistas y mandatarios locales, un modelo probado de corrupción -, ni la institucionalización del transfuguismo, en un momento que reclama fortalecer unos partidos prácticamente desaparecidos. Siendo el partido de gobierno el mayoritario desde hace décadas- y el actual no es una excepción- algún tipo de razón debe detener el apetito voraz del congreso, cooptado por los gobiernos, que en el largo plazo ha conducido y conduce al deterioro del sistema.
En cambio, no se conocen propuestas para promover la inclusión al interior de los partidos, hoy controlados por congresistas casi exclusivamente excluyendo importantes expresiones y sectores sociales, ni la reglamentación de expresiones ciudadanas mediadas por tecnología, la participación virtual, como las peticiones firmadas electrónicamente que ya deberían merecer fuerza legal. También las consultas electrónicas para tomar decisiones de políticas, mucho más actuales, económicas, oportunas y objetivas que, por ejemplo, los llamados encuentros ciudadanos.
La reforma pensional, por su parte, arranca mal con declaraciones como la del viceministro Hernández según la cual debe estar “centrada en los derechos y no en la rentabilidad económica”. ¿Pensará que se trata de objetivos contradictorios? ¿Que los recursos públicos no pueden ni deben ser rentables? Para redistribuir riqueza debemos, primero, crearla. El sistema pensional tiene problemas como la desigualdad manifiesta según la cual la mayor parte de los recursos de Colpensiones se destinan a pagar las mesadas de grupos privilegiados e intocables que reciben muchas veces el mínimo legal en un régimen que coloca en situación de igualdad mega pensiones con quienes reciben el mínimo: en los dos casos se aplica la misma tasa de descuento, lo que debe ser corregido. En la propuesta, el traslado de los aportes privados al sector público para subvencionar poblaciones sin ingreso sería una forma de expropiar ahorros y no significa nuevos recursos para fortalecer el sistema, como se requiere. La convocatoria de un comité tripartito, integrado por “gremios, sindicatos, empresarios y gobierno” es, por lo menos, excluyente y debe incluir a usuarios, pensionados y en proceso de serlo, además de los usuarios de los fondos de pensiones y la academia.
El sistema de salud debe ser ajustado, como lo evidencia la enorme deuda, fundamentalmente de las EPS liquidadas, con los prestadores de servicios convertida en otro carrusel. No le falta razón a quienes afirman que el servicio de las EPS vigentes se viene deteriorando en la medida que se trasladan a ellas los usuarios de las liquidadas. Ello quiere decir que el sistema tiene problemas, pero no que no funcione o que sea de los “peores del mundo” como afirmó un presidente desinformado, contradiciendo todas las mediciones y estudios internacionales y, ni más ni menos, la opinión de los usuarios. ¿Volver a un sistema estatal? Francamente huele a rancio y nos pondría a solucionar los problemas del siglo 21 con las teorías de moda el siglo antepasado.
En el otro extremo, la intervención del Estado no puede proscribirse como principio. Alguien debe orientar a la sociedad y poner orden y en Colombia tenemos mucho para corregir. Pero el gobierno debe renunciar a su complejo de Adán y recurrir a entidades como la OCDE, de la que hacemos parte todavía, para estructurar y desarrollar reformas consistentes, en un ejercicio que, además, les daría legitimidad. Que complete 100 y más días sin oposición a la vista constituye una ventaja y puede servir para aprobar “cualquier cosa”, pero está lejos de conceder razón o representar una virtud duradera, como el paso del tiempo confirmará. Peor que reformas son remiendos y, como decimos en el Llano, “el que remienda no estrena”.
