La coincidencia en Bogotá de movilizaciones de maestros y bloqueos de transportadores de carga renueva el dilema entre acordar y reglamentar las protestas o someternos y exponernos al caos. Como están las cosas, los gobiernos deberían poner sobre la mesa su propio “pliego de peticiones”, para que ciudades y país puedan funcionar y garantizar la convivencia.
Los reclamos de los maestros por mejores condiciones de trabajo, atención en salud, remuneración y seguridad no pueden ser satanizados. El mejoramiento de su calidad de vida es, también, el de la comunidad educativa y el mismo país. El maestro es un referente y la dignificación y respeto hacia su oficio son un termómetro de los valores de una nación, así que siempre será poco lo que podamos hacer en este campo.
La situación de los transportadores de carga, también movilizados, es diferente: prestar un servicio esencial no puede convertirse en pretexto para incumplir normas que protegen la salud pública expresando una elemental razón de Estado. Está claro que defienden sus intereses y los ingresos de sus familias, pero las condiciones en que prestan su servicio afectan la salud de la ciudadanía, como está medido y comprobado.
La obsolescencia del parque automotor de carga es gran responsable de la mala calidad del aire que ocasiona miles de muertes, enfermedades y enormes pérdidas a los presupuestos de salud (los cuales son, en realidad, de la gente). Con la declaración de alerta amarilla, una extensión de la reglamentación del servicio de transporte de carga, la calidad del aire mejoró casi en la mitad (47%) al ser responsables del 38% de las emisiones de material particulado.
Las políticas de los gobiernos nacional y local en esta materia pueden considerarse un ejemplo positivo de coherencia de las políticas públicas: independientemente del cambio de gobierno en Bogotá han mantenido continuidad, aunque el exalcalde Peñalosa hubiese dejado a Claudia López el “chicharrón” de su puesta en marcha. También debe reconocerse la necesaria consistencia entre políticas nacionales y distritales.
La vigencia del tema y el debate desatado hace recordar que, paradójicamente, la misma administración Peñalosa, que expidió la norma, compró recientemente vehículos diésel para Transmilenio que también contaminan y comienzan a prohibirse en Europa y otras latitudes, por las mismas razones que motivaron las restricciones a la actividad de los transportadores de carga.
Y hablando de paradojas, movilizaciones y paros, no se puede dejar de registrar el cambio extremo de la alcaldesa López quien, en un breve periodo, debió cambiar su rol de protestante movilizada al de autoridad que ha debido reprimir excesos en las protestas, en una actitud, debe decirse, responsable, confirmando que una cosa es ganar elecciones y otra gobernar.
La política en las sociedades democráticas, aun con imperfecciones como toda actividad humana, aunque cada vez en menor grado por cuenta del desarrollo tecnológico y, sí, la inteligencia artificial, se trata de una manera civilizada de procesar diferencias de intereses debiendo el Estado anteponer el interés general a los demás. Ello no excluye la existencia y respeto de unas reglas para las expresiones de esos intereses cuando confrontan el interés general.
Para no hablar de las naturales diferencias políticas, de enfoque y opinión, en Bogotá se empiezan a producir fricciones entre ciudadanos que intentan movilizarse para llegar a sus trabajos y otros que lo impiden, casi que de manera regular. Los efectos en la economía y el empleo de movilizaciones y paros se han estimado en más de $10 billones en los últimos años. Los ciudadanos tenemos derecho a protestar, pero el Estado debe “terciar” para que esas diferencias encuentren formas expeditas y civilizadas de tramitarse. La misma alcaldesa debió establecer un protocolo para la intervención de las autoridades de policía.
Por el bien de todos y anticipándonos a situaciones de desbordamiento (ya se han visto) y caos, urge reglamentar (diferente a impedir) la protesta social.
La coincidencia en Bogotá de movilizaciones de maestros y bloqueos de transportadores de carga renueva el dilema entre acordar y reglamentar las protestas o someternos y exponernos al caos. Como están las cosas, los gobiernos deberían poner sobre la mesa su propio “pliego de peticiones”, para que ciudades y país puedan funcionar y garantizar la convivencia.
Los reclamos de los maestros por mejores condiciones de trabajo, atención en salud, remuneración y seguridad no pueden ser satanizados. El mejoramiento de su calidad de vida es, también, el de la comunidad educativa y el mismo país. El maestro es un referente y la dignificación y respeto hacia su oficio son un termómetro de los valores de una nación, así que siempre será poco lo que podamos hacer en este campo.
La situación de los transportadores de carga, también movilizados, es diferente: prestar un servicio esencial no puede convertirse en pretexto para incumplir normas que protegen la salud pública expresando una elemental razón de Estado. Está claro que defienden sus intereses y los ingresos de sus familias, pero las condiciones en que prestan su servicio afectan la salud de la ciudadanía, como está medido y comprobado.
La obsolescencia del parque automotor de carga es gran responsable de la mala calidad del aire que ocasiona miles de muertes, enfermedades y enormes pérdidas a los presupuestos de salud (los cuales son, en realidad, de la gente). Con la declaración de alerta amarilla, una extensión de la reglamentación del servicio de transporte de carga, la calidad del aire mejoró casi en la mitad (47%) al ser responsables del 38% de las emisiones de material particulado.
Las políticas de los gobiernos nacional y local en esta materia pueden considerarse un ejemplo positivo de coherencia de las políticas públicas: independientemente del cambio de gobierno en Bogotá han mantenido continuidad, aunque el exalcalde Peñalosa hubiese dejado a Claudia López el “chicharrón” de su puesta en marcha. También debe reconocerse la necesaria consistencia entre políticas nacionales y distritales.
La vigencia del tema y el debate desatado hace recordar que, paradójicamente, la misma administración Peñalosa, que expidió la norma, compró recientemente vehículos diésel para Transmilenio que también contaminan y comienzan a prohibirse en Europa y otras latitudes, por las mismas razones que motivaron las restricciones a la actividad de los transportadores de carga.
Y hablando de paradojas, movilizaciones y paros, no se puede dejar de registrar el cambio extremo de la alcaldesa López quien, en un breve periodo, debió cambiar su rol de protestante movilizada al de autoridad que ha debido reprimir excesos en las protestas, en una actitud, debe decirse, responsable, confirmando que una cosa es ganar elecciones y otra gobernar.
La política en las sociedades democráticas, aun con imperfecciones como toda actividad humana, aunque cada vez en menor grado por cuenta del desarrollo tecnológico y, sí, la inteligencia artificial, se trata de una manera civilizada de procesar diferencias de intereses debiendo el Estado anteponer el interés general a los demás. Ello no excluye la existencia y respeto de unas reglas para las expresiones de esos intereses cuando confrontan el interés general.
Para no hablar de las naturales diferencias políticas, de enfoque y opinión, en Bogotá se empiezan a producir fricciones entre ciudadanos que intentan movilizarse para llegar a sus trabajos y otros que lo impiden, casi que de manera regular. Los efectos en la economía y el empleo de movilizaciones y paros se han estimado en más de $10 billones en los últimos años. Los ciudadanos tenemos derecho a protestar, pero el Estado debe “terciar” para que esas diferencias encuentren formas expeditas y civilizadas de tramitarse. La misma alcaldesa debió establecer un protocolo para la intervención de las autoridades de policía.
Por el bien de todos y anticipándonos a situaciones de desbordamiento (ya se han visto) y caos, urge reglamentar (diferente a impedir) la protesta social.