El seudónimo de “rescate” con que se ha rebautizado la reforma tributaria tiene sentido. Se refiere a los náufragos del desastre del gobierno Petro pagando –ellos mismos– sus salvavidas.
La advertencia del vicepresidente, según la cual si no ajustamos las finanzas públicas entraríamos en default o cesación de pagos en 2027, explica la necesidad de adelgazar al Estado. Sin embargo, la Ley de Rescate merece una discusión que excede el tiempo y los recursos de que el Congreso dispone para tomar una decisión responsable. No se trata de inconveniencia política por la proximidad de las elecciones regionales, sino del aumento de tarifas y nuevos impuestos. Resulta indispensable corregir los efectos de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia, antes que seguirle cobrando a los ciudadanos.
En apariencia el asunto parece sencillo: si el Estado se quiebra nos quebramos todos. El gobierno Petro nos ha heredado un país quebrado. El origen del ajuste es una realidad fiscal indiscutible. Lo discutible es quién debe asumir los costos y en qué orden, una tarea de la que corresponde ocuparse a un congreso que debe tomar precauciones para no asumir decisiones apresuradas o facilistas que “joderían” a la economía y a todos.
Se trata de recuperar la disciplina fiscal, combatir el despilfarro y acabar las prácticas corruptas. El propio Gobierno anuncia una reducción significativa –pero también recesiva– en contratos de prestación de servicios y gastos de nómina y la revisión de transferencias presupuestales. La mayor parte del ajuste provendría de recortes y eficiencia del gasto y “solamente” una porción menor de nuevos impuestos.
Pero una cosa es anunciar que se revisarán los gastos y otra demostrar que se han cortado los chorros de la corrupción y recuperado los recursos. Qué los responsables han respondido y que las prácticas que facilitaron el despilfarro han sido efectivamente desmontadas. Ante los probados niveles de ineficiencia y corrupción, apenas denunciarlo resulta insuficiente. Un saludo a la bandera. El proyecto de ley no presenta, con la misma claridad con que cuantifica los nuevos recaudos, un balance verificable de recuperación de dineros públicos sustraídos o desperdiciados ni compromisos concretos de resultados anticorrupción que atemperen el esfuerzo tributario.
El caso de la salud ilustra bien esta contradicción. Antes de demostrar que se ha corregido la ineficiencia en la administración de los recursos; incluso antes de realizar un inventario que permita aclarar las cuentas del sistema, se propone aumentar las cotizaciones. En el sector existen muchas preguntas sin respuestas que no se solucionan aumentando impuestos y tarifas.
Durante el gobierno Petro se arruinaron las EPS, cuyo patrimonio negativo pasó de 2,3 billones en 2022 a 16,8 billones en 2025 de acuerdo con estudios de Asinfar. Esta cifra no incluye a la Nueva EPS, cuyo patrimonio negativo se ha estimado en 11,9 billones para 2024 y aún hoy se desconocen billonarios anticipos pendientes por legalizar y partidas enormes sin registro presupuestal. La semana pasada la Contraloría General de la República emitió una advertencia especial al ministerio de Salud por cuanto al 30 de junio la cartera registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones pendientes de legalización. Resulta difícil justificar que, antes de aclarar semejantes interrogantes y demostrar que los recursos existentes se administran correctamente, se nos pida aumentar cotizaciones e impuestos para financiar el sistema.
El Estado parecería estar renunciando anticipadamente a ejercer su función de corregir, controlar y administrar eficientemente, para trasladar a los contribuyentes el costo de sus propias limitaciones. La corrupción no puede convertirse en un impuesto adicional.