Los impuestos nunca serán bienvenidos, menos en la mitad de una pandemia, pero lo verdaderamente preocupante de la reforma fiscal en perspectiva no serán los ajustes que el Gobierno finalmente proponga, tanto como que termine convertida en otro retazo de la gran colcha en que ha devenido, de acuerdo con la misma comisión de expertos, nuestro sistema fiscal. La improvisación que hemos vivido por décadas, la incoherencia del sistema y la ineficiencia y corrupción que ello deriva pueden ser más gravosas que los mismos tributos en abstracto.
El informe de la comisión de expertos dado a conocer la semana pasada desnuda la realidad de nuestro sistema tributario luego de ser sometido a los vaivenes de las necesidades fiscales y las coyunturas políticas en diferentes gobiernos. La conclusión de fondo no se refiere a la necesidad de otra reforma tributaria, después de tantas, sino a que el país debe cambiar la manera como está formulando y ejecutando las políticas de tributación.
Sin embargo, si el Gobierno necesitaba argumentos para una nueva reforma, los expertos los han proporcionado “todos”, entre ellos la necesidad de ampliar la base tributaria para hacer más racional un sistema ineficiente y disfuncional. Si se pagan impuestos de una manera más, digamos, equilibrada, las mismas tasas se podrían reducir. Tenemos demasiadas y poco coordinadas exenciones —hasta $69,1 billones, 6,5% del PIB—, “demasiados” e inconexos gastos, y las pensiones más altas pagan pocos impuestos. Finalmente, está nuevamente justificada la eliminación del tributo del 4 x 1.000.
En resumidas cuentas, se requiere una verdadera reforma estructural, buscando estabilidad en los ingresos del Estado con reglas de juego claras y ofreciendo garantías a ciudadanos y empresas en el tiempo. No se trata de cuadrar caja en 2021, como se afirma con interés político, aunque una vez más necesitamos mejorar los ingresos del Estado ante el volumen de gastos acelerado por la pandemia que, conocíamos, en algún momento tendremos que pagar.
No se trata tampoco de un “globo”. Para cumplir sus funciones, reducir los desequilibrios, redistribuir ingresos y garantizar el funcionamiento de la sociedad y su progreso, el Estado requiere de recursos suficientes. Su capacidad de intervención depende en buena parte de la magnitud y eficiencia en la utilización de esos recursos. Garantizar su flujo coherente es un requisito indispensable, respetando principios de equidad, justicia social y competitividad. La propuesta populista que pide todo del Estado sin garantizar ingresos carece hace mucho de sentido y credibilidad.
Sin embargo, luego de conocer el informe de la comisión de expertos, queda la sensación de un profundo desorden bajo el que se arropan desigualdad, como en el caso de las pensiones, y evasión sistemática, sin olvidar que sobre el grueso del gasto y la inversión públicas se cobra el “impuesto” de la corrupción, estimado por otro estudio de las universidades Externado y Vanderbilt en casi un 20% del valor de la contratación.
Unos niveles y modalidades de tributación adecuados deben considerar tanto los estándares internacionales, lo que el estudio hace, como las capacidades de la población, las empresas y los inversionistas, en unas condiciones sociales y de mercado determinadas. La actual situación de nuestro país y la que se avizora señalan que, una vez establecidas las condiciones y necesidades de una reforma fiscal, debe ejecutarse considerando las normas constitucionales, pero también las expectativas y posibilidades de desarrollo del país en el tiempo. Los estímulos para atender la pandemia, por ejemplo, deben mantenerse en el corto e incluso en el mediano plazo, una manera de garantizar la supervivencia de empresas y empleos.
Simultáneamente con la comisión de expertos, cuya actividad fue proyectada con suficiente anticipación, necesitamos establecer otra de expertos en perjuicios tributarios. Son de público conocimiento nuestros niveles de ineficiencia y corrupción. El nuevo proyecto de ley contra la corrupción presentado al Congreso debería conceder facultades excepcionales al control y la vigilancia ciudadanas buscando más resultados que investigaciones. Hemos tenido muchas “exhaustivas” y publicitadas, pero la corrupción, conocemos todos, sigue ahí.
