Para un gobierno terminando su desastroso periodo es mejor que el país ponga sus ojos en la discusión de cualquier consulta que en los problemas de corrupción del círculo más cercano al presidente; la eventual y nunca juzgada violación de topes en su elección; la destrucción del sistema de salud o el aumento exponencial de la criminalidad y el narcotráfico. Es más rentable esgrimir la bandera de las consultas que responder ante los tribunales y la sociedad colombiana.
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Desde ese punto de vista la estrategia petrista tuvo un revés, pero sigue corriendo la cerca de la institucionalidad amenazando o promoviendo la insurrección general bajo el supuesto de que ante el matoneo todos tendrán miedo. Esa es y será su estrategia en lo que le queda de gobierno. Desde el 4 de febrero un gobierno en picada cambió de gabinete y de estrategia, con la advertencia, entre otros, de la misma vicepresidenta, del excanciller Leyva y la aparente reticencia de la actual canciller, líder de una fracción institucionalista al interior del gobierno. Se fueron muchos, pero el ruido, en lugar de disminuir, ha aumentado. Los exministros Luis Carlos Reyes y ahora la ministra de Justicia han denunciado los cambios en los límites y reglas del juego, si alguna vez las hubo.
Benedetti -el de los $15.000.millones- concentra el poder y se da el lujo de tildar de malandrines desde su estatura moral y judicial a quienes se le opongan. De pronto en la próxima. Como en El padrino de Coppola, todo es susceptible de ser negociado y existen propuestas que no se pueden rechazar. Ahora tienen vacante el Ministerio de Justicia.
En un escenario político de notoria debilidad -el presidente desde China llamó con urgencia a la insurrección y le salieron 20 simpatizantes en todo el país-, el gobierno trata de compensar con los puestos que le quedan, insultos y amenazas. Es muy débil y su periodo se termina pero tiene claras sus cuentas; su estrategia y, aún, lo que le queda de poder. Grita fuerte y trata de crear, las más de las veces con éxito al no encontrar contraparte, la agenda pública.
Sin embargo, para la huelga general convocada al rechazar el Senado la consulta resultó insuficiente el llamado de su líder. Debe ser aceitada. Contratistas funcionarios, sindicatos, grupos de indígenas pelearán por lo suyo al lado de los incautos que los acompañen. No será tan espontanea como en el estallido social pero sus actores, muchos de ellos en el gobierno, serán los mismos. Una novedad: a diferencia del estallido social, quienes no estemos de acuerdo con las movilizaciones -la mayoría de los colombianos- quedaremos expuestos a la furia del “pueblo” presidencialista. El presidente ordenó a las Fuerzas Armadas no actuar contra él. La cosa será al uso de los más cobardes: a mansalva.
Grupos de parlamentarios heterogéneos y desarticulados lograron detener sus poderosos recursos y sus amenazas sorteando el pretexto de la consulta. Pero nadie debe engañarse. Lo ocurrido en el Congreso fue una reacción de supervivencia por parte de políticos defendiendo sus curules hacia las próximas elecciones. Se sentían en inferioridad con los parlamentarios gobiernistas disponiendo de los recursos públicos en la campaña-consulta. La oposición no tiene un vocero. Se encuentra lejos de articular una propuesta y una estrategia de cara a las elecciones de 2026; la defensa de nuestra democracia y nuestras libertades, lo que verdaderamente está en juego.
