Se reconfigura la oposición

A causa de sus desaciertos y de forma inédita, el mismo gobierno ha desempeñado, hasta ahora, el rol de opositor. Su más importante contrapeso han sido sus yerros, problemas y equivocaciones y no los medios, a quienes sindica por informarlos, ni otros sectores políticos, en realidad dispersos y poco activos. Por esa razón, a falta de un acuerdo sólido entre los partidos que no ejercen oposición, pero tampoco están en el gobierno, el Congreso ha ejercido un limitado control político. Al presentar reformas como la laboral, sin lograr previos consensos con agremiaciones y partidos, el gobierno parece insistir en la estrategia de negociar con cada congresista, para lo cual se estarían liberando cargos de segundo nivel en entidades como Ecopetrol y Colpensiones sin descartar cambios en algunos ministerios. Simultáneamente importantes sectores desencantados con el petrismo, pero también con las fuerzas políticas que condujeron al país hasta su elección, comienzan a perfilar una nueva oposición.

Al gobierno se le han retirado buena parte de sus electores sin que se pueda afirmar que el terreno perdido en la opinión lo hubiesen ganado las fuerzas opositoras con curules en el Congreso. Mientras este se encuentra bloqueado, la dinámica política se ha caracterizado por una escalada en la que un escándalo es sustituido, rápidamente, por otro, como ocurre con la “resurrección” del caso Odebrecht. Ante estas turbulencias los partidos de oposición, en términos políticos, no han salido indemnes. Menos sectores como el del expresidente Santos cuyos amigos acompañaron a Petro en su elección.

El pobre protagonismo de los partidos tradicionales en las pasadas presidenciales se ha extendido al actual periodo de gobierno lo que en buena parte se explica por los cuestionamientos legales, morales y éticos a que han estado expuestos sus dirigentes. Hasta hace pocos días, por ejemplo, el exvicepresidente Vargas Lleras parecía reasumir su perdido liderazgo en los sectores de centro derecha realizando fuertes críticas al desempeño del gobierno que ahora ha alternado con ataques a la Procuraduría -evidente contrapeso del gobierno- y declaraciones en que intenta tomar distancia del caso Odebrecht.

El debate acerca de la financiación irregular e ilegal de las campañas presidenciales y la corrupción, puesto en el centro de la agenda pública, ha generado cambios profundos en la política latinoamericana deteriorando la credibilidad en los políticos y el sistema político. En Colombia la elección de Petro fue en buena parte resultado del rechazo a las mismas prácticas por las que es ahora cuestionado.

He venido afirmando desde esta columna que Petro no tuvo en su elección y tampoco tiene ahora una oposición consistente. Temas que deberían ser objeto del debate político no son asumidos por esa oposición. Así ha ocurrido con la reforma tributaria y el incremento en el precio de los combustibles, dos decisiones de gobierno responsables en la perspectiva del equilibrio fiscal, pero que no pueden analizarse sin considerar eficiencia en la gestión y una óptima utilización de los recursos obtenidos o liberados, una discusión de naturaleza política en la que las decisiones de gobierno han carecido de contradictor.

La ausencia de una oposición política es notoria, al punto que las actuaciones -o la falta de ellas- del gobierno son discutidas por los afectados por su propia cuenta. Así lo ilustra la postura de sectores empresariales que comienzan a resentir políticas deliberadamente excluyentes hacia el sector privado en los proyectos de reforma. Por su parte la clase media y la población en general no han encontrado una expresión partidista que les represente ante problemas como el incremento en el precio de los combustibles. Los propietarios de motocicletas y taxis también han debido autogestionar sus intereses y demandas.

No han sido los partidos “de oposición” quienes asumen las banderas ciudadanas dejando la impresión de que sus miembros se encuentran a la espera de algún tipo transacción con el gobierno. Jóvenes congresistas, relativamente independientes, como JP Hernández -la mayor votación de los verdes- y Jennifer Pedraza del partido Dignidad -quien en su momento apoyó a Petro- han sido los encargados de asumirlas mediante denuncias, debates y marchas. Hechos como este prefiguran nuevas realidades de la oposición política ante lo que pueda ocurrir en el Congreso.

@herejesyluis