No es posible permanecer de brazos cruzados frente a los problemas observados en la organización de las elecciones. La desconfianza en el proceso electoral, expresada por las diferentes organizaciones políticas de múltiples maneras, siguiendo la Ley de Murphy, según la cual, si algo puede salir mal, saldrá mal, aplica en una situación que puede empeorar. Un desproporcionado santanderismo no nos puede limitar para anticiparnos, con medidas prácticas, legítimas y factibles, a un previsible desastre.
Por descontado debemos dar que en la disputa por los votos se han usado todos los recursos disponibles, muchos de ellos superando los límites éticos y morales que unos mínimos de convivencia y respeto al sistema político exigen. El cuestionamiento al sistema electoral se ha utilizado como argumento de campaña para despertar sentimientos y emociones negativos que puedan favorecer a algún candidato más que a otros, siguiendo el mal ejemplo del expresidente Trump en las pasadas elecciones en Estados Unidos al llevar a ese país hasta las puertas de una insurrección civil. Allí se utilizaron las mismas herramientas y los mismos supuestos que en nuestras elecciones. Pese a ello debemos reconocer la necesidad de indispensables ajustes en nuestro sistema y proceso electoral.
No se trata de una sino de muchas cosas que han salido y pueden seguir saliendo mal. Por donde se observe se encuentran problemas no resueltos, comenzando por las inexplicables y enormes diferencias entre el preconteo y unos escrutinios que aún no terminan en las legislativas, un hecho que logró confirmar anticipadas advertencias poniendo de acuerdo a un ex presidente , a la misma vicepresidenta y al candidato de la oposición, quien luego de “recuperar” cientos de miles de votos, la semana pasada pudo afirmar que se preparaba un golpe para suspender las elecciones, antes de ser desmentido por su supuesta fuente, la campaña de otro candidato, y por los mismos hechos, en cuanto las elecciones, evidentemente, se realizaron ayer. Al momento de escribir esta columna no se conocen reacciones, pero no es difícil anticipar que dependerán de como le vaya a cada quien.
Han ocurrido otros hechos graves como la renuencia o imposibilidad para la práctica de una auditoria, la cual, dígase lo que se diga, no se pudo realizar; las dificultades para acreditar suficientes testigos electorales ―en lo que también tienen responsabilidad los propios partidos― y uno más delicado: el llamado a los medios, por parte del Consejo Nacional Electoral, para evidenciar el cumplimiento que estos ―al menos los que usan el espectro electromagnético de propiedad pública― han dado al equilibrio en los tiempos asignados a cada candidato, una regla formal pero inocua en la era digital.
¿Se trataba de una especie de revancha por el despliegue dado a los errores de la Organización Electoral? ¿Ejerce control el CNE, o alguien, sobre mentiras convertidas en delitos que circulan en las redes modelando la opinión? ¿Alguien controla la preeminencia que se otorgan a los candidatos dependiendo de las franjas y horarios? Es absurdo, como lo son las limitaciones a la publicación de encuestas, es decir, a informarnos. La propuesta de una auditoría forense― para observar a posteriori qué ocurrió― inevitablemente recuerda las invocaciones a Santa Lucía.
Muchos de los problemas identificados están relacionados con la obsolescencia de normas, infraestructura y procedimientos en materia electoral, la mayoría de ellos expedidos antes del gran cambio que ha implicado la digitalización y las redes, como hemos venido advirtiendo por años desde esta columna. Nos vamos a tomar un tiempo realizando esos ajustes, pero mientras tanto, como la situación exige, existen cosas que podemos hacer.
En la perspectiva de recuperar confianza y credibilidad en el proceso, una veeduría ciudadana o auditoría convocada de emergencia, integrada por las facultades de Ciencia política e Ingeniería de sistemas, apoyada por gremios, sindicatos y organizaciones de profesionales, debidamente financiada en cuanto los recursos se encuentran disponibles, podría hacer las veces de la frustrada auditoria en estas larguísimas tres semanas que vienen. De hecho, una organización de origen ciudadano, como la Misión de Observación Electoral (MOE), viene haciendo la tarea en escenarios muy complicados. De ello se trata la tan nombrada participación ciudadana. Es una oportunidad de oro para su aplicación.
Claro que también podemos seguir “pasando agachados” esperando a ver en qué momento un desastre advertido, y con antecedentes, termina de ocurrir.
