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La decisión de cambiar o no a los actuales contratistas depende de EPM, pero afectará por generaciones los bolsillos de todos los colombianos. Los errores que se han cometido, por cualquier razón o autor, serán pagados por ellos, como ocurrió en Reficar, en principio, con las mismas tarifas de energía. ¿No estamos a tiempo de buscar un acuerdo que evite retrasos y mayores sobrecostos?
Lo que estamos observando es, claramente, una batalla política en la que se expresan múltiples intereses lo que es natural en una democracia y, con seguridad, no ocurriría en un régimen autoritario. Se trata de controles naturales del sistema que no pueden ser superiores, en ningún caso, al beneficio colectivo que esperamos obtener. El hoy alcalde de Medellín-ya en la mitad de su mandato- busca cambiar a los actuales contratistas y una decisión de la Contraloría general de la República los ha sancionado.
El proyecto es vital para la economía y la sociedad colombiana. Para sus perspectivas de crecimiento y desarrollo y no solo para Medellín. Representará, en sus inicios, un 17% de la oferta de energía del país. Se trata de un asunto de Estado puesto, por circunstancias históricas, en manos de EPM una empresa considerada, a través de los años, como ejemplo de buenas prácticas en el sector público. Llama la atención que los cuestionamientos al proyecto no se refieran a corrupción, de la manera que en Colombia hemos conocido, y buena parte se encuentre cubierto con pólizas de seguros.
Todo cambió con el colapso de 2018-2019 que puso en evidencia múltiples problemas de ingeniería y sobrecostos, muchos de ellos relacionados con la devaluación del peso frente al dólar. Recordemos que la tasa de cambio, luego de permanecer estable en torno a los 1800 pesos por un largo periodo, en un breve lapso, entre 2014 y 2016, prácticamente se dobló con sus consiguientes efectos en la deuda colombiana y no solo en Hidroituango.
Este hecho, en sí mismo, es un llamado de atención acerca de la previsión en administración. Ni siquiera el mejor gobierno corporativo o el más acertado Cuadro de Mando Integrado, una formidable herramienta de administración, puede controlar un factor exógeno como ese. Al imputar responsables, en el extremo, habría que considerar lo ocurrido con la deuda pública del país la cual también se duplicó- y aumentó considerablemente en dólares- en el periodo. ¿Habría que enjuiciar al presidente y sus ministros por lo ocurrido? Parece absurdo, como lo sería condecorarles por el alza en los precios del petróleo, para citar un caso.
Los intempestivos cambios en la junta directiva de EPM y el intercambio de acusaciones entre los protagonistas poco han servido al proyecto y a la credibilidad de la empresa. Queda la impresión de una pugna de intereses que ha arrastrado consigo el bien ganado prestigio del liderazgo antioqueño del que EPM ha sido ejemplo. Las sanciones emitidas por la contraloría han llevado a los contratistas a declararse en reorganización empresarial, prácticamente en bancarrota, ante el monto de las sanciones y la inminencia de caducidad de los contratos.
Lo más complicado del asunto se refiere a la necesidad de generar energía el próximo año so pena de recibir otras penalizaciones y dada la importancia estratégica para las necesidades de energía del país. Es altamente improbable que un cambio de contratistas, a estas alturas, lo permita. En el mejor escenario tendríamos pocos (?) retrasos siendo más gravoso el efecto en los costos. Los actuales contratistas, como es costumbre demandarían y como también es costumbre tendrían altas posibilidades de ganar.
Además de sus implicaciones económicas los efectos en la política electoral son de público conocimiento. Varios de sus protagonistas lo son de la campaña presidencial en que nos encontramos. No le falta razón al profesor Sergio Fajardo al reclamar celeridad en las decisiones de los organismos correspondientes, aunque resulte complicado deshacer los efectos que ha tenido el asunto en la opinión y su favorabilidad.
Continuando con las costumbres, el propio alcalde de Medellín ya ha sido demandado, como lo fue en su momento Fajardo, y el actual gerente de EPM, en primera instancia sancionado por su posesión irregular. Adivinemos quién pagará los costos ocasionados en todo esto. ¿No vale la pena insistir para que el propio presidente Duque, acompañado de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y gremios empresariales, en un ejercicio de sensatez y pragmatismo, convoque y logre una conciliación?
