¿Tiene el Gobierno una estrategia?

La que está desarrollando no funciona, se percibe desarticulada o se retarda, ante las circunstancias, demasiado. La sensación de desgobierno persiste. Muchas vías siguen bloqueadas y no se logra un mínimo de convivencia. Parece irreal que en el peor pico de la pandemia, en lugar de empeñarnos en proteger y defender la vida, dediquemos nuestra energía a confrontarnos. La perspectiva del Gobierno debe modificarse.

En la crisis que vivimos no existen únicamente dos actores, el Gobierno y el Comité de Paro, pero si fuera así, ambos parecen empeñados en una estrategia de desgaste, para la que el tiempo —y dentro de él, la preeminencia de la vida, del bienestar de la gente, de la economía— no es lo importante. Un mínimo de convivencia y garantías para todos, incluidos quienes no protestan pero también tienen derechos, debe ser restaurado. Es el primer punto de cualquier negociación, de parte y parte.

Antes de responder a los desbordamientos de manera reactiva, la acción del Gobierno fue descalificada por anticipado. Primero, por su responsabilidad en la provocación con la reforma tributaria, acentuada por su origen uribista que, por sí mismo, lo convierte en objetivo político de quienes perdieron las pasadas presidenciales y quieren ganar las próximas. A diferencia del Gobierno, su oposición fue sincrónica y copó espacios importantes, como el internacional, que lo ha forzado a negociar sin lograr un mínimo de armonía y orden. En la era de la polarización y las verdades alternativas, el Gobierno es señalado de autoritarismo y uso excesivo de la fuerza. La narrativa de lo sucedido no le favorece.

Tal vez por esa razón la estrategia de bloquear las vías, que suspende de hecho fundamentales derechos ciudadanos, no ha logrado controlarse. Por las razones que fuere y a veces sin percatarse, el Gobierno no logra cumplir su función. Mientras el presidente sigue en el centro de atención por las expectativas ante sus respuestas al Comité de Paro y la situación creada, pocos consideran que sus decisiones comprometerán a todos los colombianos no durante el año que le falta de mandato sino por mucho tiempo, por la orientación de sus eventuales medidas o las que deje de tomar, y por los efectos políticos en las presidenciales tan próximas.

Se escucha decir en “la calle” que el presidente sepultó al uribismo y a la derecha, o que “es el jefe de debate de Petro”, con un sentido del humor que no se compadece con la situación de pandemia en que nos encontramos y sus efectos en el nivel de vida y aumento de la pobreza, casi un 7% adicional para llegar a 42,5% de la población en 2020. En circunstancias así, una evaluación de las salidas más convenientes para Colombia va desde las opciones políticas interesadas, pasando por la tragedia —como la que estamos viviendo—, las bromas —que se repiten entre algunos analistas y medios y se multiplican en las redes— y la farsa de quienes niegan su responsabilidad en hechos deplorables. Una mirada más pragmática puede ser más conveniente y responsable.

Las demandas del Comité de Paro, sin considerar las que dependen de decisiones de política —como la suspensión de la erradicación, el retiro de la reforma a la salud o la no alternancia—, tienen un costo cercano al 3% del PIB para este año. Dentro de ellas el establecimiento de una renta básica se llevaría la mayor parte. Una renta básica equivalente a medio salario mínimo para cuatro millones de hogares costaría casi $2 billones mensuales, sin considerar el esquema actual de subsidios. El problema, sin embargo, no se encuentra solo en la financiación para lo que queda del año sino en su incorporación en el presupuesto como una medida permanente, como ocurre con la matrícula para los jóvenes.

Demandas como la suspensión de la alternancia hasta que no logremos un nivel razonable de inmunidad tienen más sentido y los anuncios de vacunación a los maestros no son suficientes, pero su realidad puede serlo en un periodo más breve. La suspensión de la alternancia es una medida razonable que puede integrarse a un eventual acuerdo. La reforma a la salud también puede esperar y por tanto “retirarse” hasta que logremos mejores niveles de convivencia y consenso.

Esperando una solución global para los efectos económicos de la pandemia, que en algún momento debe lograrse, el presidente debe, para comenzar, jugarse por un préstamo excepcional del Banco de la República, una medida que no tiene ideología y responde a nuestra realidad, para cerrar las brechas sociales y lograr un consenso nacional, como pretende. Una salida pragmática que, en ausencia de ayuda internacional, permitiría solucionar problemas sociales en el corto plazo y ayudaría a la recuperación enviando un claro mensaje. Antes, sin embargo, debe restablecer un mínimo de convivencia y orden en un momento en que, por ejemplo, una ciudad como Bogotá puede quedarse sin agua potable por cuenta de los bloqueos en las vías.

@herejesyluis