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La insistencia del presidente en que el mandato recibido lo exonera de las normas y contrapesos propios del sistema que lo eligió; su interés en concentrar en el gobierno todas las actividades que pueda, como en la regulación de los servicios públicos, llenan de sombras el panorama económico y político. Al promover la polarización; al convocar movilizaciones de respaldo en las que fracasó, sigue aumentando la incertidumbre. Los partidos miembros de la coalición, y los expresidentes Samper, Gaviria y Santos, decisivos en su elección, tienen, en este año electoral, una inmensa responsabilidad con Colombia. Su compañero de viaje se encuentra en el justo momento en que, dependiendo de sus acciones, puede pasar a la historia como un reformador, como lo fue López Pumarejo a quien frecuentemente invoca, o como un vociferante y desastroso líder populista del corte de Chávez, que llevó a Venezuela al lugar en que se encuentra.
Si tratáramos de encontrar alguna señal de coherencia de parte de un gobierno improvisado, contradictorio y caótico, sería que se encuentra promoviendo una revancha contra el sector privado. Al vetar su intermediación, mediante gaseosos discursos “alternativos”, trata de devolver la capacidad de decisión a los políticos, liderados, en este caso, por sus “buenos” amigos del Pacto. La reforma a la salud intenta quitar la administración -la capacidad de decisión sobre los recursos- a las EPS para devolverla a la clase política, pese a las nefastas experiencias del ICSS y a ejemplos actuales como el de los maestros del Cauca.
La proyectada reforma a la salud que por fin conocemos, ilustra bien lo que ocurre. Según Petro, 11,5 millones de colombianos aprobaron, en la elección presidencial, una propuesta que ni él mismo conocía, saltándose nuestro sistema de contrapesos y al mismo Congreso. Con su ministra avisaron de la “transición” mediante amenazas y gritos, intentando superar con el alto volumen de los discursos la escasez de su auditorio y de sus argumentos. Al partir de un supuesto falso, como que el sistema no funciona, apenas ha logrado elaborar una narrativa para consumo de sus “fieles” electores. El proyecto, de manera vergonzante, elimina las EPS mientras afirman que podrían continuar, pero si dejan de cumplir su función. ¿Cómo evolucionará el servicio ahora que se encuentran preavisadas? Pretende sustituirlas por unos Centros de Atención Prioritaria que no existen sino en la cabeza de la ministra, lo que aún en el mediano plazo es irrealizable y claramente irresponsable. Unos entes regionales, integrados mayormente por políticos, pretenden sustituirlas. A la vez sirven como anzuelo o botín de caza para su aprobación en el Congreso. Los pagos directos de la ADRES a las IPS, de ocurrir, politizarán y corromperán el sistema, como ya ocurrió en un pasado no tan lejano.
A los colombianos más jóvenes, quienes no vivieron las épocas del monopolio público de la salud, debemos recordar que pacientes, más bien padecientes, en muchas ocasiones debieron vender sus bienes para pagar la atención o quedar hipotecados por años ante el fracaso de un modelo que dejó la salud en manos de los políticos, diferente a lo que ocurre ahora cuando todos estamos asegurados y no necesitamos de sus influencias para ser atendidos. Desde el punto de vista de la administración el retorno a la estatización no se puede considerar más que como un absurdo retroceso.
En las motivaciones del proyecto se ignoran elementos objetivos como que las citas se demoran por cuanto el país tiene déficit de especialistas o que si bien un 30 %, básicamente ubicado en el sector rural, se muestra inconforme con el sistema, para una inmensa mayoría este funciona. ¿Debemos nivelarnos por lo bajo en lugar de optimizarlo llevando sus logros a los sectores y regiones en los que es deficitario?¿Se trata, como en el caso del metro, de algún tipo de revancha?
Cualquier reforma debe fundamentarse en estudios y análisis y no en los caprichos o los particulares intereses de algún gobernante. A estas alturas de la digitalización, ¿a nadie en el gobierno se le ocurrió indagar a los usuarios-todos los colombianos- mediante una consulta? El Congreso debe promoverla. Puestos a hacer sumas y restas, entre lo que nos cuesta la intermediación de las EPS y lo que se embolsillará la corrupción, la ineficiencia y la mala política propias de los monopolios públicos, la mayoría, con seguridad, nos quedaríamos con las EPS para mejorarlas. ¿Le tiene miedo el Gobierno a una consulta que evite un salto al vacío; el caos y un evidente atropello?
Pero todas estas historias las conocen, por su experiencia, nuestros expresidentes y las fuerzas políticas independientes que han acompañado a Petro. También conocen lo que ocurre con los presupuestos públicos en un año electoral. La discusión de la reforma en el Congreso no puede ser una formalidad ni se puede transar por contratos y puestos.
