Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Algo debe ocurrir con la salud mental de un presidente que, luego de postrar al sistema de salud faltando 44 días para que le designemos sucesor, nombra como superintendente a un personaje tan cuestionado para terminar la tarea.
Hoy no hace falta realizar estudios sobre la situación del sistema. Salvo un ministro politiquero que parece más bien extraterrestre, todos los colombianos hemos sentido de alguna manera el desastre. Asociaciones profesionales y científicas, pacientes y prestatarios del servicio coinciden en el diagnóstico. Insolvencia, deterioro en la prestación de servicios, falta de controles y crecimiento exponencial de demandas. Cuatro años después no tenemos un nuevo sistema de salud ni un modelo preventivo como nos prometieron. Tampoco han llegado médicos ni laboratorios a domicilio, como nos ofrecieron. No hemos visto ningún CAP, pero el sistema de salud ya no funciona. Gran parte de él fue “estatizado” por la puerta de atrás y más de 11 millones de usuarios son desatendidos por la Nueva EPS en manos, no del Estado, sino del actual gobierno que se encuentra de salida.
Decisiones billonarias son tomadas por funcionarios delegados a dedo por el gobierno. Se acaba de nombrar un nuevo interventor pese a que el comité de medidas especiales había dictaminado que la intervención no debería continuar. Sobre la situación financiera de la Nueva EPS no se conocen estados financieros. No se sabe cuánto debe ni le deben. ¿Cuáles serán los criterios para contratar y seleccionar nuevos prestatarios de servicios? La salud ha dejado de ser un negocio para convertirse en botín politiquero. Un derecho convertido en derroche.
Claro que existen diferencias con el sector privado, en el que para tomar cualquier decisión se requiere una orden de compra soportada en estudios técnicos y de costos. A diferencia de los saqueadores del erario, el privado obtiene una utilidad auditada interna y externamente. Por ello la evolución histórica de la administración pública coincidió, en todo el mundo, en la conveniencia de las asociaciones público-privadas en diferentes sectores. En Colombia advertimos del fracaso y la corrupción que desaparecieron al Instituto Colombiano de Seguros Sociales solo para que el gobierno Petro lo repitiera en forma de la Nueva EPS.
Las consecuencias están a la vista: un informe reciente de la Procuraduría le pone cifras al desastre: perdidas de patrimonio superiores a 12 billones de pesos. Las deudas de las EPS intervenidas se duplicaron en dos años hasta alcanzar en diciembre de 2024 más de 30 billones. “No hay plan, no hay vigilancia concreta ni medidas efectivas por parte de esos agentes interventores para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la prestación del servicio de salud en oportunidad, calidad y eficiencia”, concluyeron los funcionarios de la Procuraduría.
Se han reemplazado criterios técnicos y humanos en las decisiones y el manejo de recursos enormes por criterios políticos. ¿Qué significa esto? Que las decisiones —como le acaba de ocurrir al comité— no se asumen con criterio técnico. Se toman para proteger el proyecto político y garantizar su reelección. Por eso nombraron al doctor Quintero en la Superintendencia y al doctor Ospina en la Nueva EPS. No se trata “solamente” de liquidar a las EPS intervenidas. En 44 días no pueden salvar al sistema de salud, ni siquiera optimizar su funcionamiento, pero pueden incidir, con los enormes recursos a su disposición, en la elección presidencial.
