Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Independientemente de la capacidad del gobierno de ADLE para conformar una coalición mayoritaria en el Congreso, casi una facultad de los gobiernos entrantes a la que, sin embargo, se encuentra a punto de renunciar por sus diferencias con el Centro Democrático, y de una agenda de reformas de interés para el Estado inaplazables, el Congreso tendrá la histórica tarea de recuperar la confianza y credibilidad perdidas. La rapiña observada en el proceso de elección de dignidades no es una buena señal.
En los pasados cuatro años entendimos que el intercambio de favores característico del clientelismo, mediante el cual un elector vota por un representante del que espera contraprestación en forma de mejora de sus condiciones de vida y /o las de su comunidad, es muy diferente a los niveles de corrupción a los que hemos llegado. El Congreso y el Ejecutivo no pueden continuar en su relación como si nada hubiera ocurrido. El deterioro de Colombia en materia de corrupción ha sido cuantificado en estudios como los de Transparencia por Colombia, que evidencian su “deterioro persistente” al descender siete puestos en el Índice Global de Percepción de la Corrupción durante 2025, ubicándose “por debajo del promedio regional”.
Luego de lo ocurrido en la legislatura anterior, del encarcelamiento de los presidentes de Cámara y Senado por conocidos hechos de corrupción, el Congreso debe dar pruebas de su independencia demostrando que puede relacionarse de maneras diferentes con el Ejecutivo, con el que sin embargo debe coincidir en objetivos de Estado. Tendrá la enorme tarea, además de recobrar su prestigio, de ayudar a recuperar la sostenibilidad fiscal, lo que puede incluir una indeseable pero indispensable reforma tributaria, y avanzar en la ley de competencias, probablemente la reforma más importante del Estado en los últimos 30 años. Por sus implicaciones y naturaleza se trata de una reforma que no puede desarrollarse más que par y paso con una verdadera reforma política que el país ha eludido con sucesivas mini reformas-remiendo promovidas por los gobiernos para “salir del paso”.
El desprestigio del Congreso es evidente, como lo confirman diferentes estudios a nivel nacional e internacional. Para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), de la Universidad de Vanderbilt, en 2025 la confianza en el Congreso se ubicó alrededor de 38 puntos sobre 100, una de las calificaciones más bajas entre las instituciones evaluadas. Para la encuesta INVAMER de mayo, solo un 33 % de colombianos tiene una opinión favorable de su Congreso y una cifra similar evidencia el más reciente Latinobarómetro. Todos los estudios coinciden en sus graves problemas de legitimidad.
Sin embargo, contrario a lo que algunos puedan pensar, ni el Congreso ni los partidos han “caducado” ni están llamados a desaparecer, pero deben reinventarse. Se quedaron sin excusas, pero su desprestigio no puede dar lugar a su reemplazo por formas de poder cada vez más concentradas en el Ejecutivo ni por acuerdos directos con mandatarios regionales que eludan el debate democrático. La respuesta a un Congreso desprestigiado no puede ser menos Congreso sino un mejor Congreso. Uno capaz de controlar al Gobierno pensando en el interés general y administrar con transparencia la enorme responsabilidad que tendrá al definir el futuro fiscal y territorial del país.
Después de los escándalos de los últimos años, los colombianos no esperamos discursos de posesión ni declaraciones solemnes. Esperamos hechos y buenos ejemplos.
