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Lo que le ha hecho disfuncional no es su origen plural; su composición por parte de diferentes fuerzas políticas que, unidas, lograron conformar mayorías y ganar. Tampoco la falta de solidaridad manifiesta en la filtración de un documento. Menos, la heterogeneidad en sus enfoques. La salida del ministro Gaviria puso en evidencia profundas diferencias en asuntos de fondo, como unos mínimos éticos, y, aunque parezca increíble, versiones encontradas sobre fundamentos universales de la economía; de la gestión pública, y lo que resulta más preocupante: la realidad conocida y la realidad científica, comprobadas empíricamente. Los choques al interior del gobierno continuarán.
Al gobierno y a su coalición en el Congreso los cohesionan los asientos en los altos cargos y sus respectivos presupuestos. ¿Principios y afinidad política? Observemos, por ejemplo, la flexibilidad del Partido Conservador y sus recientes coincidencias con el Pacto Histórico. ¿Existen niveles de afinidad? Por supuesto. Quienes acompañaron decididamente a Petro en la elección y no llegaron a “ultima hora” están más cerca de su primera línea -las ministras de Minas y Salud- y las corrientes del liberalismo lideradas por los expresidentes Santos (¿todavía?) y Samper. ¿Lealtad a los principios políticos? Difícil de establecer. Su omisión tampoco explica la deslealtad implícita en la supuesta filtración. No es posible gobernar con “enemigos”, pero resulta complicado hacerlo privilegiando lealtad sobre capacidad, conocimiento técnico y experticia que los ciudadanos, y la economía, merecen y esperan.
Al margen de los criterios antes expuestos -el pegamento de la coalición-, existen factores de mayor peso. La interpretación y relato de la realidad es uno de ellos: no es lo mismo difundir verdades alternativas y noticias falsas para ganar una elección que hacerlo desde el gobierno utilizando al elástico Twitter. Siendo en los dos casos condenables y lamentables, las obligaciones éticas, morales y legales se sitúan en diferentes niveles.
Al momento de publicarse esta columna podemos esperar que un proyecto de reforma a la salud consensuado entre los partidos de la coalición ya se encuentre en blanco y negro. Pero afirmaciones como que “el sistema de salud es uno de los peores del mundo” o que “la inflación y la devaluación del peso son culpa de los Estados Unidos” o que “la salud es un derecho y no un negocio” o que “esos cuentos de la época del ICSS – la del monopolio público del sistema de salud- no tienen nada que ver con la reforma propuesta”, expresados por el presidente y sus altos funcionarios, pueden servir para engatusar incautos, audiencias poco educadas e informadas, o lo que es peor, apasionadas, aclimatando las reformas, pero riñen con la verdad objetiva comprobable, los principios de la administración y las ciencias; los instrumentos de medición de la opinión, de la gestión pública y la misma historia. Y en ello no solo el ministro Gaviria, sino funcionarios como los ministros Ocampo, López y el director de Planeación, firmantes de la carta, tienen diferencias de fondo con el talante demostrado por el gobierno.
El cúmulo de reformas presentadas de manera atropellada hacen pensar que quiere aprobar todo rápidamente para no depender del Congreso. Ministros con experiencia, como los citados, conocen del asunto. Saben que la universalización de la salud no sería posible sin la participación del sector privado. Tampoco el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, los cuales no nos fueron “dados”. Aunque gran parte del electorado joven lo desconozca, hace apenas unas décadas, en las épocas del monopolio público, para llamar a otra ciudad había que ponerse citas en las oficinas de Telecom o solicitar la llamada mediante una operadora y sentarse a esperar. ¿Telefonía celular? Ha sido posible por la participación privada. Ni hablar de la revolución de las telecomunicaciones que ha sido, en el mundo como en Colombia, consecuencia del esfuerzo mancomunado del Estado y el sector privado que no son antagonistas como se quiere presentar. No se puede condenar, como si fuese “pecado”, que el sector privado participe en la ejecución de políticas públicas. Es desconocer la evolución de la administración y la gestión pública y de sus principios aceptados universalmente.
Esos ministros lo saben y no pueden estar de acuerdo con quienes utilizan su desconocimiento para justificar vaporosas propuestas de reformas, llevándonos a la inevitable pregunta sobre cuánto tiempo más durarán en sus cargos. No se trata de una discusión sobre los niveles o el sentido de oportunidad de la intervención estatal. Les va a resultar cada vez más difícil conversar y explicar matemáticas avanzadas, cálculo integral y derivadas a quienes no quieren aprender a sumar.
Posdata 1: Para Petro habrá un antes y un después luego de lo que ha sido su jueves negro. Dado que esta columna no se ocupa de chismes ni rumores prefiero no referirme a los escándalos de la familia presidencial, asuntos que deben ser tramitados por la justicia y las autoridades competentes con objetividad y celeridad. Sin embargo, es imposible pasar por alto sus efectos políticos al reducir su credibilidad y gobernabilidad. Al poner en entredicho su supuesta superioridad moral. La historia de cómo una candidatura exitosa se ha venido convirtiendo en un gobierno disfuncional.
Posdata 2: Resulta ineludible preguntarnos desde cual precepto, teórico, humano o legal, incluido el propósito de lo que ha llamado Paz Total, se puede explicar la anomia de las Fuerzas militares que, en la práctica, le impiden cumplir sus funciones como se confirmó el jueves en el Caquetá. El respeto a derechos, instituciones y autoridades es la frontera conocida entre barbarie y civilización. ¿Para dónde va Petro? De acuerdo a su criterio ¿Cuál será la diferencia entre las llamadas guardias campesinas, indígenas, etc., con los grupos paramilitares?
