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El control de la agenda pública y las listas al Congreso -las que deben definirse con anterioridad al 8 de diciembre- definirán en buena medida la elección presidencial.
La agenda pública, los temas de los que se ocupa la opinión en un periodo electoral, los problemas que reconocemos como prioritarios e importantes así como sus soluciones, serán definitivos en las elecciones de 2026. Con el presupuesto a su disposición y la capacidad de expedir órdenes terminantes, el papel del gobierno es concluyente en el proceso de conformación de la opinión, pudiendo ocurrir todo lo contrario si se examina el cumplimiento -o no- de sus responsabilidades y promesas.
No es lo mismo para la opinión evaluar si el actual gobierno ha cumplido con esas obligaciones constitucionales y su programa que poner en juicio -como lo hace permanentemente- a la misma Constitución. Tampoco es lo mismo elaborar un inventario de problemas y soluciones en el mundo real que declararse enemigo de Donald Trump. Para aprovechar el contexto respecto de la visita del presidente Lula recordemos que, en su momento, capitalizó el conflicto con Trump para reforzar su liderazgo y su reelección, usando el enfrentamiento como símbolo de defensa nacional. El veto a la presencia de la armada estadounidense en el Caribe -principal motivo de su venida a Colombia- le sigue dando utilidades en la opinión de su país. Petro le copia.
La bandera de un supuesto nacionalismo y una supuesta confrontación del presidente saliente de Colombia con el de los Estados Unidos no nos puede distraer de nuestros verdaderos problemas, ni una narrativa referida a Trump, Maduro y la flota del Caribe de calificar a la dictadura venezolana como lo que es. Una agenda responsable para Colombia en 2026 necesita considerar que sin seguridad jurídica y territorial no tendremos democracia; que la salud necesita más que tutelas para sobrevivir, que aumentos del salario mínimo muy pronto devaluados por los incrementos de precios son mentiras para incautos, que Colombia todavía no es Venezuela y debemos defender nuestras instituciones. Si necesitamos alguna reforma se refiere –luego de los desbordamientos del actual gobierno– a fortalecer los contrapesos, proteger a la justicia y garantizar elecciones limpias.
El modelo aplicado por los estrategas e influenciadores del actual gobierno según el cual, como por arte de magia, se convierten problemas reales en emociones políticas susceptibles de manipulación mediante un aplicado (y bien financiado) manejo de redes, es relativamente sencillo. Se trata de: 1. Recurrir al miedo y la esperanza. 2. Personalizar los conflictos. 3. Ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. El asunto es que no se encuentra patentado y será utilizado ahora por sus opositores, cuyo primer objetivo consistirá en impedir que conflictos internacionales -Palestina, el Caribe, Trump, etc.- se instrumentalicen en la narrativa electoral.
El segundo se refiere a la capacidad de aclarar mediante encuestas y acuerdos, antes del 8 de diciembre, eventuales alianzas y definir la conformación de listas. Antes de esa fecha muchos precandidatos deberán “bajarse del bus” tratando de integrar a un centro defraudado por el extremismo del actual presidente y su tácita alianza con Maduro; su admiración por Putin, etc.
La apuesta del Pacto Histórico es clara: ratificar los 2,7 millones de votos en la elección de Congreso del 8 de marzo y mantener al menos las curules logradas en 2022. Los candidatos del gobierno han tenido a su disposición el aparato gubernamental y la financiación de su consulta, publicidad como nunca antes y una intervención en política que no ha disimulado.
Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Sin los votos del centro, un 40 % de los electores, su candidato podría no pasar siquiera a segunda vuelta. Por ello necesitan cambiar la Constitución. Y no parece claro que, esta vez, algún Roy Barreras o la reaparición del mismo Cristo con todos los Santos les puedan “endosar” votos que no tienen. El milagro de convertir el agua en vino ocurrió solo una vez.
