Un pacto contra la corrupción

La corrupción es “el problema”. Discursos, declaraciones y promesas han demostrado su inutilidad. La corrupción, un fenómeno asociado a la mala política, pero también cultural, sigue siendo el problema más importante para los colombianos, confirmando el fracaso de las acciones y métodos utilizados hasta ahora para combatirla. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil lideradas por Fedesarrollo se ha animado nuevamente a diagnosticarla presentando recomendaciones elaboradas por una comisión de expertos cuya ejecución debería convertirse en compromiso de todos los candidatos presidenciales.

Pensar que con un cambio de personas o de gobierno se solucionará el problema no deja de ser una ilusión, tratándose de un fenómeno sistémico. Para ejemplos, lo observado en España, Brasil o Venezuela. Los análisis indican un desempeño peor en gobiernos dictatoriales, siendo estos las mejores herramientas para tener información oportuna, transparencia y participación de la ciudadanía. Para decirlo de una manera sencilla, las aplicaciones que integran a las entidades de gobierno, los empresarios y las personas del común en tiempo real, se pueden utilizar para denunciar, pero también para ofrecer, contratar e informar, a la vista de todos. Se trata de cambios, también sencillos, en la normatividad.

En las encuestas, incluyendo más reciente, de Invamer, una corrupción ascendente se mantiene, con un 26%, como el problema más importante para la ciudadanía, superando desempleo e inseguridad. Coincidiendo con esa preocupación e interpretándola, se producen este diagnóstico y recomendaciones de la comisión de expertos, en la que han participado la MOE, Dejusticia y Transparencia por Colombia. Su presentación, en un año electoral, se convierte en un recordatorio más que oportuno.

La corrupción en Colombia se encuentra sobre diagnosticada, pero en el estudio destaca el nivel de precisión al poner el foco en tres áreas: 1) un sistema electoral que define como capturado por intereses particulares- sería más ajustado decir personales-; 2) una operación del Estado que genera rentas y beneficios privados a través de las compras y empleos públicos; y 3) un sistema de justicia y control que la permite y propicia impunidad.

Los ajustes sugeridos en el corto plazo se refieren a la autonomía jurídica y financiera de la organización electoral; a garantizar transparencia en las campañas políticas, con el financiamiento público de las campañas; a contener el abuso de la contratación especial y las redes de corrupción en las regiones; y a la digitalización del proceso legislativo para garantizar su transparencia. Una mención especial merece la sugerencia de utilizar análisis de datos e inteligencia artificial por parte de la Fiscalía y los organismos de control. ¿Si los delincuentes las utilizan y se lucran de esas herramientas por qué las instituciones no lo hacen? ¿Por qué el Estado no se beneficia de ellas?

Hechos conocidos y publicados nos han informado sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en las regiones y verdaderas bandas organizadas con anclaje en la política y la rama judicial, como se ha observado en los departamentos de Córdoba y Meta, para citar casos recientes, pero también en el carrusel de Bogotá, en el de la toga y a nivel nacional, como se está constatando en el Mintic-Centros Poblados, y antes en Reficar.

¿De qué manera estos hechos evidencian la generalización del problema? El estudio afirma que “Estos agentes corruptores se pueden agrupar en tres categorías: 1) las redes clientelares entre el sector público y privado, que abarcan los varios actores que permiten la operación del clientelismo político a gran escala; 2) los grandes intereses económicos, incluyendo los grupos económicos y los grandes terratenientes, cuyo poder les permite incidir en las decisiones de las autoridades de forma indebida; y 3) los grupos ilícitos como el crimen organizado, los paramilitares y guerrillas, y las organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y otras actividades ilícitas, que cuentan con una enorme capacidad de corromper los actores políticos y funcionarios del Estado por el ejercicio de la violencia”.

Las recomendaciones de la comisión deben transformarse en leyes y decretos con suficiente apoyo y vigilancia de organizaciones académicas y ciudadanas, mediante el uso de aplicaciones en desarrollo de la perspectiva de Gobierno Abierto. Una labor sencilla, económica y socialmente rentable que requiere solo de decisión política. Estas son acciones en las que el próximo gobierno debe tener un claro compromiso y asumir la iniciativa. Los candidatos deben incorporarlas en sus programas. A los ciudadanos nos corresponde participar, exigir y garantizar que se cumplan.

@herejesyluis