Las declaraciones del profesor Nelson Alarcón, directivo de Fecode, aclarando las perspectivas y los objetivos políticos del paro, “para derrotar al Centro Democrático” en 2022, confirman que el paro, más allá de reivindicaciones de derechos, se trata de una disputa por el poder. Es una expresión de la polarización que, en este caso, ha tenido como resultado la parálisis del país por un periodo ya largo, dando lugar a la puesta sobre la mesa de históricos problemas sin resolver, pero también a la afectación de la economía y el empleo, y a no pocos lamentables episodios de violencia.
La primera pregunta que surge se refiere a si para lograr objetivos como la Presidencia en 2022, una legítima aspiración política, se vale desestabilizar la economía, desafiar la pandemia y afectar la salud de los colombianos y el desarrollo institucional del país de forma grave.
Convocantes y reclamantes argumentan diversidad de razones, pero va quedando claro que el pulso tendrá un momento cumbre en las presidenciales, verdadero objetivo de un paro que ha logrado convocar sectores y demandas de la ciudadanía que, una vez identificadas, deben cuando menos servirnos para ajustar y actualizar el sistema político dando respuesta a las demandas ciudadanas en aras de la convivencia y el progreso social, pero no de la barbarie y el caos o el triunfo o la derrota de alguno de los polos en disputa.
Hemos escuchado múltiples interpretaciones de las movilizaciones filtradas por la particular óptica política de actores interesados que de entrada reducen la objetividad de los análisis. Entre ellas vale destacar la que señala al paro como “una estrategia del Gobierno para descalificar a la oposición y favorecer al uribismo para radicalizar la opinión y ganar en 2022”, como si un autogol sirviera a su autor para ganar algún partido. Con un poco de lógica se puede comprender que la caída del presidente en las encuestas se refiere a su pérdida de respaldo dentro del mismo uribismo, uno de cuyos exponentes, desde otro polo, solicitó su renuncia para que asumiera la vicepresidenta. ¿Será que el presidente diseñó una estrategia para que le pidieran la renuncia, conduciendo a su movimiento a la derrota?
La utilización de pasiones, emociones y sentimientos ciudadanos para incentivar la pugna y obtener réditos políticos es una característica conocida de la estrategia de polarización. Las redes, sin responsabilidad editorial, son un campo propicio para ello. Más enriquecedor que odiarnos y escribir nuestros odios añadiendo leña al fuego, es mejor intentar una explicación racional acerca de lo ocurrido, fundamentada en datos verificables, como intentan develar dos estudios de la firma Invamer y la Veeduría Distrital de Bogotá.
Aunque el paro y las movilizaciones han transcurrido en un entorno anormal, con las universidades, centros de estudio y sitios de recreación y socialización cerrados por la pandemia, incluido el fútbol, las movilizaciones se convirtieron para muchos jóvenes en una forma de “normalidad”. Con ese marco se han desarrollado los estudios.
El estudio de la Veeduría Distrital de Bogotá, a manera de encuesta y utilizando herramientas de análisis prospectivo, confirma algunas hipótesis y descarta otras dadas por verdades conocidas: 1) La gran mayoría de participantes en las movilizaciones son jóvenes, con una importante participación de las mujeres, pero no se trata de ninis, como se venía afirmando. “El 63% de los jóvenes estudia y el 26,3% estudia y trabaja, el 33% está desempleado y el 3,8% realiza otra actividad. 2) Se constata un alto nivel de “compromiso político”. 3) En consecuencia, casi el 93% piensa votar en las próximas elecciones. 4) Los marchantes son en su mayoría jóvenes con niveles de escolaridad superiores al promedio. “El 38,8% de los jóvenes encuestados tiene un nivel académico universitario; el 32,3%, de bachillerato y un 25,6%, técnico o tecnológico”. 5) Influyen de manera determinante en ellos sus expectativas de educación y empleo.
Por su parte la encuesta de Invamer revela que: 1) Aunque el 89% de encuestados aprueba la realización de manifestaciones, un 95% condena el vandalismo que ocasionan. 2) Aunque un 55% desaprueba la intervención del Esmad, un 61% aprueba la militarización de las ciudades para afrontar el vandalismo, mientras un 66% aprueba la intervención del cuestionado Esmad ante ataques de los manifestantes. Esa misma encuesta confirma que el detonante del paro, para un 86%, fueron las propuestas de reformas; para un 16%, fueron el desempleo, falta de trabajo y oportunidades.
Gracias a trabajos como estos, que superan opiniones interesadas, podemos conocer con precisión actores, motivaciones, características y dimensión de los problemas, lo que nos debe servir para comprender su dinámica y construir soluciones, llegando más allá del discurso panfletario. Para comenzar se puede reconocer que se trata de un paro político, politizado y con pretensiones de usufructuar la irrupción, necesidades y expectativas del movimiento juvenil y estudiantil y de otros sectores de la población.
