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Al presidente no lo querían tumbar. Pedían reconocer en el incremento del precio del diésel su sentido de oportunidad y las realidades de una economía que afronta un momento complejo. El acuerdo con los transportadores es bienvenido por la mayoría de los colombianos, pero estamos lejos de solucionar los problemas en su origen.
Múltiples razones, y no solo el aumento en los precios del diésel, han sido causantes del paro. Se pueden identificar la difícil situación fiscal que motivó el incremento, la caída de la economía que ha afectado el mercado de los fletes, y el deterioro de la seguridad que les impide desarrollar su trabajo como consecuencia de las extorsiones a su actividad y los permanentes bloqueos de grupos organizados que los utilizan para presionar al gobierno a la sombra de “la paz total”.
El transporte terrestre, por las razones que fuere, carece en Colombia de competencia, lo que le confiere al gremio un decisivo poder negociador. En este caso se han puesto en evidencia el caos, la debilidad política y la improvisación de un gobierno que no acertó en el alza y su oportunidad, que no fue capaz de negociar los incrementos en el tiempo y que debió doblegarse ante la presión gremial y ciudadana.
Un gobierno vociferante, peleonero y muy mal administrador ha sembrado vientos y cosecha tempestades. Aunque no se diga, el paro de los transportadores también se trató de la primera respuesta política de un sector económico a constantes agresiones contra la libre empresa. Una reacción a la pasividad gubernamental con los constantes bloqueos por parte de comunidades y grupos armados que han afectado durante este gobierno a un sector que paga impuestos, pero no recibe seguridad, sumadas al impacto de decisiones ideológicas -incomprensibles para el mercado- como suspender las exportaciones de carbón a Israel o disminuir la actividad petrolera, las cuales disminuyen la demanda de sus servicios.
Tanto subsidios como impuestos a los combustibles se refieren a decisiones de política económica y fiscal. Desde ese punto de vista, puede tener sentido que un país productor los subsidie en alguna medida como reclaman transportadores y propietarios de vehículos. Su conveniencia o inconveniencia se refiere a los ingresos y gastos del Estado, a la situación fiscal, en nuestro caso claramente deficitaria.
Las razones del déficit fiscal se pueden explicar por los menores ingresos del Estado. La disminución de la actividad económica o recesión en que se han encontrado por un ya largo periodo importantes sectores de la economía con una inversión espantada por incoherencia en las políticas, malas expectativas o pesimismo e incertidumbre. No puede desestimarse, sin embargo, la manera como se ha incrementado la deuda pública, la cual se duplicó como proporción del PIB desde 2010 hasta 2018. En la pandemia, por razones conocidas, continuó creciendo, pero no alcanzó esos niveles.
A “la clase obrera” que el presidente cree representar, y a todos, nos costará más el mercado. Como antecedente, los paros de 2021 generaron pérdidas económicas estimadas en aproximadamente $10 billones (alrededor de USD 2.7 mil millones). Las interrupciones en la producción, el comercio y la logística fueron las principales fuentes de esas pérdidas. Se ha estimado que el PIB se redujo en un 1 % y se generaron incrementos de un 20 % en el precio de los pollos y los huevos. Los efectos en la inflación del paro que acaba de terminar están por establecerse. La solución de los problemas que lo han motivado, también.
