A diferencia de otros proyectos presentados por el gobierno, la propuesta de reforma educativa no expresa un ánimo revanchista e intenta acoger, mediante la actualización de su marco legal, la realidad, los problemas y desafíos del sector. Se encuentra afianzada en criterios técnicos; en la realidad y en la perspectiva de cerrar las brechas de inclusión mejorando la calidad de la educación y no en algún propósito mesiánico. Una discusión amplia con los actores relevantes le ha generado -comparada con las de salud, pensiones o laboral- un mejor ambiente. Sin embargo, pese a tratarse de una ley estatutaria, se extraña en ella una relación más pragmática en términos de metas; su vinculación con un plan estratégico que le otorgue “dientes” a un proyecto imprescindible.
Los abundantes estudios realizados sobre el sector educativo, entre los que destacan los elaborados con la OCDE, por su experticia y su enfoque vanguardista y global, son, tácitamente, recogidos en un proyecto que no adolece, como se ha hecho costumbre en los proyectos gubernamentales, de complejo de Adán. Pese a los problemas del sector educativo no es posible desconocer que, en términos de políticas públicas, lo sucedido en las últimas tres décadas ha sido lo más parecido a la ejecución coherente de una política de Estado con la que el proyecto no desentona. Los resultados en materia de cobertura saltan a la vista y deben ser reconocidos. Para 2022, por ejemplo, la cobertura en Educación Superior se ubicó en 54,9 %, lo que significa un incremento de más de 145 % en los últimos veinte años. La ley 30 de 1992 ha cumplido su función.
El proyecto es lo suficientemente general para garantizar su carácter objetivo y “neutral” sin llegar a la inocuidad. Se refiere a metas compartidas como accesibilidad y adaptabilidad, un reconocimiento de las particularidades de nuestra nación y sus diferentes entornos geográfica y culturalmente cambiantes. Apunta a promover inclusión al reconocer las diferencias en términos de calidad, pero no entre la oferta de educación pública y la privada -una dicotomía superada por el desarrollo tecnológico que les ha situado en condiciones de “igualdad”-, sino entre diferentes niveles de ingreso y posibilidades de acceso, como ocurre con las oportunidades de ingreso al preescolar, muy diferentes para los hogares de ingresos altos y bajos que el proyecto apunta a resolver.
Los énfasis en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; el fortalecimiento de la educación técnica y vocacional; la promoción de habilidades digitales y la alfabetización tecnológica; las habilidades socioemocionales, el emprendimiento y la sostenibilidad, constituyen hoy objetivos transversales de política que no están en discusión pudiendo convertirse, fácilmente, en propósitos comunes también en un congreso disperso. Tampoco la necesidad de persistir en mejorar la calificación de los docentes y una remuneración acorde a la importancia social de su labor. Ello no será posible, sin embargo, sin un marco legal pertinente y unas estables y apropiadas fuentes de financiación que el proyecto debe garantizar.
Las que se han presentado, equívocamente, como objeciones por parte de cuatro universidades privadas y otras tantas públicas parecen más bien aportes que reparos al proyecto, el cual reafirma, como debe ser, el respeto por la autonomía universitaria y un marco adecuado para la participación privada la cual, debemos recordar, se desarrolla en Colombia por entidades sin ánimo de lucro.
Pero el proyecto debe articularse con un plan estratégico para el sector. ¿Cuánto vale, en el tiempo, su implementación; él incremento en la oferta pública del preescolar la educación media y superior? ¿De qué manera se propiciará y estimulará el cumplimiento de metas? ¿Cómo incorporamos en la ley la eficacia en la administración de recursos, una financiación oportuna? Se trata de preguntas que debe responder, al incorporarlas a la ley, la discusión en el congreso.
Posdata. Esta columna reaparecerá el 6 de noviembre de 2023
