La reforma electoral se aplazó pero se necesita, aunque su dilación se deba a controversias dentro de los mismos partidos de gobierno por graves acusaciones entre sus miembros, como que el gobierno le había puesto mensaje de urgencia a la reforma para “pagarle el favor de las elecciones” al registrador, lo que, de hecho, estaba provocando una ruptura en la coalición. Su postergación, sin embargo, abre la posibilidad de vincularla a una reforma política, también indispensable. Las dos reformas, electoral y política, pueden y deben realizarse de manera simultánea. La revolución tecnológica ha transformado las sociedades y la democracia, pero nuestras reglas siguen funcionando y proponiendo “reformas” como si ello no hubiera ocurrido.
Al retirar el mensaje de urgencia por parte del gobierno la proyectada reforma quedó para 2023. La decisión es conveniente, más por lo que le faltaba que por su contenido. Desde un punto de vista objetivo se puede decir que muchos de los ajustes administrativos, de mecánica electoral y del registro que incluye se necesitan. Aspectos de fondo, como la influencia, características y funcionamiento de los partidos, se encuentran, también, en el origen de una reforma política, una comprobación de que los dos temas deben tratarse de manera simultánea.
¿Independencia? La independencia administrativa y financiera del Consejo Nacional Electoral es un objetivo deseable, sin que ello implique multiplicar los costos, la estructura, planta y funciones que hoy tiene la Registraduría como propone, en la práctica, el proyecto de reforma. Más burocracia siempre viene bien a la politiquería, que, por otra parte, vería ampliarse su capacidad de control en las regiones. El proyecto no considera la realidad de la política regional que ha propiciado la captura de los recursos públicos por una llave nefasta entre congresistas y gobiernos regionales permitiendo la instauración de verdaderos feudos de corrupción. Por otra parte, nadie puede garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral mientras sus magistrados se elijan de la manera en que hoy se eligen, un aspecto que no se toca en el proyecto.
Tampoco se toca la forma como se practican la política y las elecciones, con consecuencias que están demoliendo a la democracia, un bien común “intangible” hasta que no lo tenemos. El artículo 201 según el cual “no se considerará como propaganda electoral el contenido de apoyo difundido, de manera espontánea, sobre candidatos o partidos por parte de personas naturales a través de sus redes sociales” implica, ni más ni menos, la consagración y expedición de patente de corso a las bodeguitas. Por si no lo sabían los promotores del proyecto, también es así como ha venido ejerciendo la política y destruyendo la democracia. El festival de influenciadores, “personas naturales” sin responsabilidades de ninguna clase, con enorme capacidad de amplificar verdades alternativas y mentiras, ante receptores desprevenidos en las redes, convertidas, por cuenta de manipulación, desinformación y abuso de emociones y sentimientos negativos, en cloacas.
El proyecto insiste, sin que nadie conozca razones valederas, en la prohibición de encuestas hasta ocho días antes de la elección, lo que incluye las que se realizan a boca de urna que, en todas las democracias avanzadas, no solo se permiten sino que cumplen una importante función de veeduría sobre las mismas autoridades electorales por parte de la ciudadanía a la que informan en tiempo real en momentos decisivos. Ninguna información -diferente a desinformar- puede considerarse excesiva. Con unas reglas básicas las encuestas deben publicarse en cualquier época. Por cierto, robots y bodeguitas en las redes no respetan ningún tipo de norma.
Lo mismo ocurre con el funcionamiento de los partidos. Sin un ajuste de fondo, que promueva su institucionalización y reglas para la participación de sectores ciudadanos diferentes al Congreso y verdadera democracia interna no habrá reforma, electoral o política que valga. Los mismos seguirán haciendo lo mismo y el resultado será el mismo. Las elecciones las seguiría manejando el Consejo Nacional Electoral, integrado por candidatos designados por partidos que no funcionan como partidos. Fábricas de avales en beneficio de sus particulares intereses. Bienvenido el aplazamiento. Esperemos que se utilice, por fin, para una verdadera reforma.
