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La guerra que afrontamos contra el virus y el muy difícil momento que vivimos no admiten opciones. Se trata de una herramienta por la salud pública, la única de que disponemos, en cuyo uso debe privilegiarse el supremo interés general superando fricciones políticas y desinformación que cobran vidas.
Parece mentira que en el peor pico de la pandemia muchos adultos en poblaciones consideradas de riesgo se nieguen a vacunarse retrasando el objetivo más importante de cualquier sociedad en el momento como es lograr la inmunidad de su población. A los problemas globales y locales de logística observados y a las consecuencias de aglomeraciones por cualquier causa, debemos añadir esta forma de autoflagelación que atenta contra la salud de todos, en un momento en que sociedades avanzadas comienzan a contemplar la necesidad de vacunar a menores de 12 años.
Con un 20% al 25% de los grupos en riesgo sin vacunar, y la necesidad inminente de cumplir el objetivo de 35 millones para lograr la inmunidad de rebaño, es indispensable exigir de las autoridades el suministro de vacunas y por parte de la ciudadanía su solidaridad. Si no nos vacunamos todos, el riesgo no desaparecerá, la economía no se recuperará y tampoco los empleos e ingresos, ni superaremos la muy difícil situación social. Ante la más grave crisis de salud de todos los tiempos debemos actuar unidos y ayudarnos. La vacunación, en procura del bienestar general, debe ser obligatoria.
Con el 0.6% de la población global, Colombia registró la semana pasada el 8% de las muertes del mundo en un día. Se trata de una cifra espantosa. La positividad, el porcentaje de pruebas positivas sobre el total de realizadas, cercana y superior al 30% en varios días de manera sostenida, hace pensar que si nada cambia, tanto el escenario que tendremos será más catastrófico en el próximo mes. De los momentos peores de la pandemia vivimos en Colombia el peor.
En las circunstancias la única variable susceptible de cambio es el progreso de la vacunación. Ha llegado al país casi el 35% de las 61.5 millones de vacunas prometidas de las cuales se han aplicado casi 17 millones. El plan de vacunación avanza, aunque para muchos colombianos que han perdido la vida, de manera tardía. Pese a los avances el devenir de la enfermedad sigue siendo incierto. Mientras no logremos la erradicación global el peligro de peores mutaciones se mantendrá latente.
Pero, además de la falta eventual de vacunas, ¿qué retrasa el proceso de inmunización?
Utilizando el conocimiento disponible el gobierno dispuso posponer la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer pasando de 21 a 120 días. Estudios confiables, ahora que conocemos más de enfermedad y vacunas, han demostrado que en esas condiciones su efectividad es más alta, lo que coincide con la escasez de vacunas. Se trata del uso acertado de una herramienta de administración a la mano, para, también, inmunizar a un mayor número de colombianos. Atendiendo la razón, no cabrían discusiones sobre el tema.
Se afirma, constantemente, que a las entidades territoriales no les llegan vacunas para las segundas dosis, un hecho de muy factible ocurrencia dada la situación mundial y los flujos esperados, pero de ninguna manera anormal en una circunstancia excepcional. El peloteo de responsabilidades entre los gobiernos nacional y locales no tiene cabida en momentos como este.
Por otra parte, grupos significativos de ciudadanos, muchos de ellos asociados a diferentes cultos con origen en Estados Unidos, han replicado tardíamente la influencia del debate politizado suscitado allí en el gobierno Trump que, en su momento, cuestionó el uso de la vacuna y también del tapabocas, como sucedió en Brasil. Se rehúsan a su aplicación por razones que van desde sus creencias religiosas hasta eventuales efectos secundarios. Comparten un bajo nivel educativo, canal predilecto de la desinformación, con la negación y el desconocimiento de la evidencia científica, además de escaso sentido común.
Así que toca vacunarnos. Perder la vida por no hacerlo no es una opción. No se puede invocar, ni permitir, el derecho a la dejación, una forma de libertad que explicaría la decisión individual de no vacunarse perjudicando a los demás.
