Los resultados electorales confirman -aún pendientes de los escrutinios- que los niveles históricos de participación y las preferencias electorales se mantienen. Anticipándose a ese escenario, uno que no convierte minorías en mayorías por decreto, se desarrolló una estrategia para deslegitimar el sistema electoral que, esperamos, no continúe ahora que comienzan en serio las presidenciales.
Seguimos teniendo un Congreso fragmentado en el que ningún partido o movimiento contará con más de un tercio de su composición del Senado lo que dificultará la gobernabilidad haciendo necesaria desde ahora, por parte de los candidatos, una estrategia sólida de alianzas y coaliciones. A nivel ideológico –si todavía puede calificarse así en un Congreso altamente influenciado por liderazgos regionales, redes clientelares o reconocimiento publicitario financiado con recursos públicos– un centro atrapado entre extremos que monopolizan agendas y recursos, será, sin embargo, determinante en los debates parlamentarios, pero también en la elección presidencial.
El Congreso o las diferentes bancadas no reflejan la autoidentificación ideológica de los colombianos que, de acuerdo con la última encuesta de cultura política del DANE, estableció que un 40,7 % se identifica con el centro, cerca de 23,9 % con la derecha, 13,3 % con la izquierda, y un porcentaje significativo declara no ubicarse ideológicamente o no responder. Estos datos estructurales significan, sencillamente, que izquierdas y derechas necesitan del centro para convertirse en mayorías mediante el debate de ideas que logra persuadir.
Al renunciar a ello para atacar a las instituciones deslegitimándolas, y forzar un supuesto proceso constituyente se está intentando, en los meses que le quedan al actual gobierno, poner en marcha una paradoja del poder mediante la cual el gobierno denuncia fraude contra sí mismo, o lo que es lo mismo, contra el sistema y las instituciones que lo eligieron ahora que su cuarto de hora -como ocurre en democracia- se termina.
La narrativa del fraude anticipado expuesta por el presidente de manera abrumadora, incluyendo una alocución televisada, hace necesaria una respuesta, en igualdad de condiciones, por parte del sistema en su conjunto, como lo han intentado, procurador, contralor, registrador, defensora del Pueblo y presidentes de las Cortes. Al instalar en la mente de sus simpatizantes dudas sobre el sistema electoral busca, en realidad, poner condiciones a la interpretación de los resultados. Si sus amigos ganaban diría que es el triunfo del pueblo; si el resultado es reñido dirá que ocurrió a pesar de las maniobras de sus contradictores y si pierde dirá que el fraude se ha confirmado. Su posición de autoridad le concede ventajas y abusa de ellas con graves consecuencias sobre las instituciones.
Utilizando prenociones en sectores de la opinión que aún recuerdan el denunciado fraude al dictador Rojas Pinilla en las elecciones de 1970 que supuestamente dio origen al M-19, el presidente erosiona uno de los mayores activos de la democracia: la regla de mayorías y la aceptación de los resultados por parte de quienes son derrotados. Así lo hicieron sus opositores en 2022 al reconocer su triunfo, aunque ahora se hubiese comprobado por parte del Consejo Nacional Electoral, la violación de topes -una forma de fraude- en su elección en 2022. ¿Alguien quiere convencernos de que en Colombia todas las elecciones son robadas?
El cuestionamiento de las elecciones y el sistema electoral desde antes de que ocurran se refiere a preparar el terreno para desconocer los resultados si no le favorecen. Si ganan podrá afirmar que “el pueblo derrotó a las élites”; si la elección es reñida, que “pese al fraude avanzamos” y si pierden podrán afirmar que “nos robaron”. Una narrativa a prueba de derrota. La lógica “invencible” del populismo que destruye a las instituciones.
