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¿Hay una política clara que lo permita? ¿Será esa la razón por la que no existe un mercado?
El debate acerca de las emisiones de carbono generadas principalmente por la quema de carbón, y su impacto sobre la atmósfera y el calentamiento global, se ve frecuentemente marcado por la radicalización de las posiciones. En un extremo están aquellos que sostienen que “carbón limpio” es un oxímoron y en el otro extremo están quienes afirman que el problema se resuelve aplicando un proceso de captura y almacenaje de carbono (CCS). El proceso consiste en capturar el CO2 (dióxido de carbono) en el punto donde se origina y almacenarlo en diversos tipos de rocas en el subsuelo, generalmente a gran profundidad. En principio esto reduciría las emisiones de carbono en 90%. Los opositores del proceso sostienen que la captura de carbono también reduce la eficacia de las plantas de generación eléctrica, aumentando las necesidades de carbón en 50%. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) afirma que la tecnología de CCS tiene la capacidad para reducir dramáticamente las emisiones de gases de invernadero cuando se implementa en plantas eléctricas que usan combustible sucio y otras instalaciones industriales que emiten grandes cantidades de carbono. La IEA aspira a que para mediados del siglo entren en operación unas 3.000 plantas equipadas con CCS, con lo cual estima una reducción de 20% de las emisiones. Pero actualmente esa aspiración no parece realista y no están en marcha grandes proyectos con CCS. El experto de MIT Howard Herzog ha declarado que muchos de los proyectos importantes están detenidos. Afirma: “El mayor problema es que no hay un mercado de CCS porque no hay una política climática. La tecnología puede reducir efectivamente las emisiones, pero siempre será más costosa que mantener el statu quo. Mientras no existan políticas claras, el negocio continuará como siempre”.
El proceso de captura encuentra su justificación económica en un sistema de mercadeo (trading) de emisiones, conocido como cap-and-trade. Se trata de un instrumento diseñado para reducir emisiones con interferencia mínima al proceso de libre mercado, mediante el cual algunas empresas reciben certificados de crédito por reducción y control de emisiones, que pueden ser adquiridos por otras para compensar excesos en su nivel de emisiones. Fue utilizado con éxito en Estados Unidos en los años noventa para reducir emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) y SO2 (óxido de azufre). Fue adoptado por la Unión Europea a partir de 2005 para reducir emisiones de CO2 bajo el Protocolo de Kioto de 2007. El Esquema de Mercadeo de Emisiones de la UE (ETS), el cual entrará en su tercera etapa en 2013, es el más grande del mundo en los esfuerzos de reducción de gases de invernadero y representa más del 80% del mercado global de carbono. No obstante que el Protocolo de Kioto propició el trading de emisiones, ninguna otra región importante lo implementó. Muchos estudios indican que el ETS ha fracasado en crear los incentivos para la inversión en tecnologías de reducción de emisiones, en gran medida debido al bajo precio de los certificados. En la primera etapa del ETS (2005-2007) el precio del carbono colapsó hasta cero y en la segunda etapa (2008-2012), aunque aumentó inicialmente, volvió a colapsar cuando se inició la recesión. Los prospectos para la tercera etapa (2013-2020) son inciertos, y si el sistema no se cambia es muy probable que los precios no suban lo suficiente como para estimular nuevas inversiones en tecnologías de bajo carbono y en CCS. Los certificados simplemente no tienen suficiente valor como para cubrir los altos costos del CCS.
Un estudio reciente del prestigioso Instituto Bruno Leoni sostiene que un impuesto al carbono (carbon tax) estaría mucho más ajustado a las metas de la agenda verde de la UE, que el sistema de trading de emisiones, lo cual pareciera ser una admisión del fracaso del cap-and-trade.
