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'La vaca muerta', un tiro en el pie

Luis E. Giusti L.

27 de mayo de 2012 - 08:00 p. m.

En mayo de 2011 la petrolera argentina YPF (subsidiaria de la española Repsol) descubrió una gran acumulación de petróleo en esquistos (shale oil) en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Santa Cruz.

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La empresa informó que las reservas descubiertas eran de 1.000 millones de barriles. Tratándose de recursos no-convencionales, que requieren tecnologías de punta en fracturación hidráulica y perforación horizontal, YPF comenzó su explotación modestamente, logrando extraer apenas 700 mil barriles durante 2011.

Pero simultáneamente un estudio contratado a la empresa Ryder-Scott, cubriendo un área de 8.071 km2 del total del área de 30 mil km2, determinó la existencia de 22.807 millones de barriles de reservas, los cuales podrían catapultar a Argentina a los primeros lugares en el continente, a la par de Brasil. De inmediato YPF entró en conversaciones con ExxonMobil para su desarrollo, con una inversión inicial de US$25 mil millones. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, manifestó: “Estamos muy contentos con este hallazgo”. Pero pronto comenzó a deteriorarse la relación de YPF con el gobierno, el cual acusaba a la empresa de no invertir lo suficiente y de ocuparse más de pagar jugosos dividendos a sus accionistas que de aumentar la producción, sin importarle las necesidades energéticas de Argentina, cuyo déficit golpeaba la balanza de pagos del país.

A finales de 2011 la confrontación aumentaba y la brecha de comunicación entre las partes hacía crisis. Varias visitas a Buenos Aires del presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, en busca de una audiencia con la presidenta Kirchner para resolver las diferencias, resultaron frustradas. La posición del gobierno se fue endureciendo y a principios de marzo de este año envió al Congreso un proyecto de decreto en el cual se expropia el 57,4% que Repsol posee en YPF, pero además se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, que estará a cargo de la política petrolera. Vale la pena señalar que también a principios de marzo, como consecuencia de la confrontación, varias provincias suprimieron los derechos petroleros de YPF. El decreto fue aprobado en el Congreso por amplia mayoría.

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El gobierno y sus afectos celebraron la decisión, que en palabras de Kirchner “rescata para Argentina los derechos que fueron desnacionalizados en la década de 1990”.

En 1999 se había privatizado YPF y, por más de US$15.000 millones, Repsol adquirió el 97% de las acciones de la otrora empresa estatal, mientras el gobierno conservó una “acción dorada”. Pero en 2008, a instancias del Ejecutivo, la familia argentina Eskenazi adquirió el 25,5% de la empresa por US$1.900 millones, monto que habría de ser cancelado gradualmente mediante sus dividendos y cuyo pago está todavía pendiente en su totalidad. De la misma manera, a instancias del gobierno, el 17,1% de las acciones de la empresa pasó a cotizarse en la bolsa.

Ahora bien, en la reciente expropiación Repsol fue la única petrolera afectada, lo cual llevo al presidente español Mariano Rajoy a denunciar una doble discriminación porque “fue la única expropiada y porque solamente se expropiaron las acciones de inversionistas españoles”.

El ministro español de Relaciones Exteriores, José García Margallo, declaró que su gobierno responderá con “claras y fuertes medidas”, y ya ha sido introducida una primera demanda. Ha dicho que “Argentina se ha dado un tiro en el pie”.

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Brufau ha rechazado las acusaciones del gobierno alegando que YPF ha venido invirtiendo grandes sumas en producción y que en 2010 reemplazó reservas de petróleo en 144% y de gas natural en 100%. Añadió que “la verdadera motivación de la expropiación es el descubrimiento de Vaca Muerta”.

El no aceptar el diálogo con Brufau, quien manifestó repetidas veces en público su intención de enmendar cualquier falla, sumado a la simultaneidad de la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos con la expropiación de YPF, y finalmente las declaraciones de Kirchner al introducir el proyecto, indican que eso podría ser cierto. Cuando una empresa selecciona a un país para invertir, lo hace ponderando las ventajas y los riesgos. Entre los riesgos siempre está la posibilidad contractual de una expropiación, generalmente por “razones de interés del Estado”.

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*lgiusti@cclaen.com Centro Latinoamericano de Energía, Cclaen.

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