Desde que el Congreso Nacional de ese país aprobó la reforma del sector energético, se han generado una serie de respuestas a favor o en contra. Sólo falta la firma del presidente.
México ha dado un paso gigante hacia un mejor futuro económico con la aprobación en el Congreso Nacional de una agresiva y valiente reforma de su sector energético, especialmente del petrolero. La aprobación ha generado euforia, optimismo y entusiasmo, pero también rechazo y frustración, dada la significación histórica que la industria petrolera mexicana ha tenido desde principios del siglo XX.
Las mencionadas reacciones emocionales, aunque profundamente sentidas, pronto se moderarán para dar paso a la realización de que hay mucho trabajo por delante para convertir en realidad esa reforma y que el camino será largo y potencialmente cargado de obstáculos. Pero hay sobradas razones para concluir que la administración de Enrique Peña Nieto está a tono con los retos. Después de todo, ya ha habido mucha discusión acerca de la reforma del sector. Además, México sin duda saldría ampliamente beneficiado de la iniciativa, como lo demuestran casos similares en la región, tales como Colombia, Brasil, Perú y, aunque en otra región del mundo, el emblemático caso de Noruega.
El producto que salió del Congreso apenas si se asemeja a la propuesta presentada en agosto por el partido de gobierno PRI. El esfuerzo hecho para definir un camino cargado de compromisos, fue juzgado como no-atractivo por las empresas cuyas inversiones, tecnología y experticia está necesitando México casi con desesperación para superar sus grandes problemas. Esa propuesta estaba encaminada a preservar la unidad lograda con el “Pacto de México”, entre el PRI, el PAN y el PRD, pero éste último, el partido de la izquierda mexicana, no estuvo dispuesto a negociar un cambio de significación y en consecuencia el pacto se disolvió. Así, el proyecto de reforma resultó del esfuerzo conjunto de los otros dos partidos y es de un alcance mucho mayor de lo que el país hubiera podido imaginar.
La legislación aprobada reforma la constitución mexicana poniendo fin a los monopolios (Pemex y la Corporación Federal de Energía —CFE—). La reforma enmienda la constitución para permitir tres nuevos tipos de contrato: “profit sharing”, en el cual las empresas petroleras reciben una porción especificada del beneficio económico de las operaciones; “production sharing”, que permite a las empresas quedarse con una porción del petróleo y/o el gas producidos; y licencias, mediante las cuales las empresas pagan sus impuestos y regalías al gobierno a cambio de los derechos para explorar y producir.
Los nuevos términos permitirían a las empresas contratar directamente con el Estado, comercializar su propio petróleo y registrar el ingreso proyectado en sus estados financieros. Sin embargo, el petróleo en el subsuelo seguirá perteneciendo a la nación. La propuesta también incluye la creación de un fondo petrolero soberano, a ser administrado por el Banco Central, y además contempla la inversión privada en el sector de generación de potencia recortando el alcance del monopolio de la CFE.
El Senado añadió una enmienda adicional, mediante la cual se eliminarán de la Junta Directiva de Pemex los cinco directores representantes del poderoso sindicato de la Unión de trabajadores, el cual durante décadas ha sido acusado de corrupción y resistencia a cualquier aumento de la transparencia y la competencia en la industria. La junta directiva estará conformada por cinco asesores técnicos y cinco miembros del Gobierno, incluyendo al ministro de Energía.
La izquierda mexicana continúa oponiéndose a la reforma, definiéndola como un intento de privatizar Pemex de facto y de entregar la riqueza petrolera a empresas extranjeras. Pero tiene poca capacidad para romper el impulso en esta etapa del proceso.
Tomó menos de una semana para la ratificación de los cambios constitucionales por parte de la mayoría de las asambleas legislativas: 17 de los 31 estados de México dieron su aprobación en los primeros cinco días después de la aprobación en el Congreso. El siguiente paso será la firma del presidente.
El camino a seguir contempla pasos difíciles: traducir las reformas constitucionales en políticas efectivas y aplicables. Esta legislación secundaria estipulará la estructura política y los procesos requeridos para ejecutar la reforma.
Las medidas a tomarse crearán las condiciones para inversiones que se estiman en unos $20.000 millones por año en el sector de petróleo y gas natural. El reto para México es difícil y el trabajo será arduo, además de que el gobierno tendrá que enfrentar la oposición de la izquierda. Pero hace apenas unos meses, ni siquiera podía soñarse con el progreso logrado.
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