COMO VAN LAS COSAS, LA SEGURIdad democrática, o SD, será el principal enemigo de la existencia del Estado. Y no es exageración.
Produce grima que la Corte Suprema de Justicia tenga que pedir apoyo internacional para su propia protección, la de sus magistrados y la de sus familiares. Que el hijo del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, sea acusado, semana tras semana, de promover conspiraciones contra el régimen. Que el Fiscal General de la Nación, además de defenderse de la sospecha del Presidente de fumarse el porro personal, tenga que aguantarse el acoso del vocero presidencial para averiguar cuándo, cómo y dónde se comunica con sus fuentes. Que la OEA denuncie la macabra y escandalosa reproducción del paramilitarismo de segunda generación. Además, los mensajes amenazantes y contradictorios de funcionarios del Gobierno con los países vecinos. Que los falsos positivos lo único judicializado que tienen es al general renunciado disfrutando, en su calidad de embajador, de las bellas playas de Punta Cana. Y para completar ese cuadro desolador, tenemos a un DAS cuya sumatoria de brutalidades lo ha llevado a hacer curso intensivo de inteligencia. Estamos a un tirito, léase bien, tirito, de pasar de la SD a la tristemente recordada SS, hoy añorada por neofascistas criollos clonados de mediados del siglo pasado.
Nadie le niega a la SD, en su primera generación, la contundencia y los éxitos militares contra la guerrilla. Por ende, se han reducido sustancialmente el secuestro y la extorsión. El país recuperó la autoestima. Los ricos disfrutan su llegada a Anapoima, mientras que los pobres esporádicamente pueden ir a Melgar. Pero no sólo de esos hechos vive la democracia. Nos vendieron la SD como la panacea en lo social. Pero lo cierto es que Familias en Acción va a necesitar préstamos de Salvarte, una de las pocas empresas exitosas en Colombia en la actualidad, al punto de que el presidente gremial del resto del sector, de tanto quejarse, tiende a confundirse con la dirigencia sindical. Nos dijeron que gracias a la SD habíamos crecido, a tal punto que los tigres asiáticos eran unos gatitos al lado de la economía colombiana. Ahora el decrecimiento se lo achacan totalmente a Wall Street, sin reconocer siquiera que se pudo haber ahorrado, pero se terminó en el despilfarro total.
El complejo de culpa que nos quieren vender los neouribistas —ese que estipula que quien no recite la SD es cómplice de la guerrilla— es simple y llanamente un chantaje. Tampoco puede acobardarnos el hablar de reconciliación entre los colombianos. No nos van a enseñar legalidad los que se han nutrido electoralmente de la ilegalidad. Hasta hace dos años eran comadres y ahora ni una rociada de reconocimiento. ¡Qué ingratos!
El Estado está obligado a garantizar una seguridad sin adjetivos establecida por la propia Constitución. Una seguridad que recupere confianza en la institucionalidad y en la que cada consejo comunitario no se convierta en una ceremonia para graduar enemigos. Que convoque y no provoque. Que mire por igual la confrontación a la ilegalidad y, sobretodo, que ponga tatequieto a esas bestias descabritadas que andan buscando que de la SD pasemos de inmediato a la SS. Eso no lo entendieron la semana pasada los reeleccionistas no uribistas. El momento es para unir a los demócratas, no solamente a los izquierdistas.
