Quién manda a quién

DEFINITIVAMENTE LAS COSAS EN Colombia son macondianas. Mientras en el mundo lo que se impone hoy es que el Estado regule e intervenga al sector financiero —dada su avaricia, ambición y especulación—, acá el zar de los grupos financieros, Luis Carlos Sarmiento, le ordena al Presidente declarar la conmoción interior, ilegalizar la huelga de los jueces y establecer los parámetros de cómo deben quedar los códigos de procedimiento en la justicia. ¡El mundo al revés!

Cuando los pobres exigen derechos, son grupos influenciados por las Farc, y cuando los ricos respiran, no contaminan sino que mandan un oxígeno lleno de interés patriótico. Cuando los empresarios piden subsidios por efectos de la revaluación se les dan y cuando arranca la devaluación se les mantienen. Cuando se pide ajuste al salario mínimo por inflación desbordada, no solamente se niega, sino que además se les notifica a los trabajadores que el próximo año deben continuar recibiendo menos.

Por otro lado, la bancada demócrata debe estar muy contenta con lo que quedó de uno de sus condicionantes para aprobar el TLC: la ley de huelgas. En nada. Ahora ya no se ilegalizan paros sino que se criminalizan volviéndolos problemas de orden público. Pero además se dan insumos para que en escenarios como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la subcomisión de derechos humanos, las ONG reafirmen su denuncia con relación a la práctica en Colombia de ausencia de libertades sindicales. Asimismo se les da discurso a quienes desde el campo de la ilegalidad pregonan que en Colombia no hay libertades democráticas, pretendiendo con ello justificar un proceder que muchos de los que venimos del mundo sindical vivimos condenando. Estas medidas confirman lo que desde el campo internacional y nacional se viene pregonando, que la reforma a la justicia que cursaba en el Congreso no era más que una salida de Uribe para ayudarles a los amigos de la coalición de Gobierno a salir de sus problemas relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico. No de otra manera se explica que la conmoción la justifiquen con el pretexto de que es para volver más accesible la justicia al ciudadano. ¿Necesitábamos un paro judicial para que se acordaran de semejante olvido?

No niego que cuando los mecanismos de concertación se agotan no hay que perder la autoridad. Pero para eso la propia Constitución faculta al Consejo de la Adjudicatura, sin necesidad de llegar a conmoverse. También sé que Asonal Judicial no debió esperar tanto para exigir su nivelación, lo que para la coyuntura hace justo el paro pero inviable su solución total por efecto de la crisis fiscal. De igual manera considero válido, aunque no leal, utilizar como estrategia de presión los decretos unilaterales, pues cada uno de los sectores busca debilitar el contingente del otro. Pero lo que se convierte en un terrible antecedente es que ahora la lucha social, tan válida acá como en Cafarnaúm, termine siendo asimilada a un conflicto delincuencial.

Bueno, por lo menos ya sabemos que por fin Uribe encontró reemplazo en su coalición para que lo releve: Luis Carlos Sarmiento Angulo. Demostró que manda y ordena, aunque le importe un Upac avalar nada que tenga que ver con la principal justicia de un país, la social.