Volver a lo fundamental

DIECISÉIS MILLONES DE PERSONAS que no votan —y a quienes poco les importa el debate político— se mueren, se desnutren, no se educan, se embarazan prematuramente y son víctimas de la violencia, de la explotación y de la guerra.

En Colombia, seis de cada diez niños y niñas viven en condiciones de pobreza. De los cerca de 800 mil que nacen al año, 11 mil no alcanzan a celebrar su primer cumpleaños y otros 13 mil no llegan al de los 5. Durante un año, cerca de 600 niños y niñas se quedan sin mamá en el momento del parto. En varios departamentos la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 5 años supera el 20%. Aún no alcanzamos cobertura suficiente en educación y hay graves problemas de permanencia. 20 de cada 100 adolescentes tienen hijos o están embarazadas. Más de una tercera parte de los departamentos tienen entre el 50 y el 80% de sus niños y niñas sin registro civil. 49 de cada 100 desplazados son niños y niñas. 32 mil niños, niñas y adolescentes cometieron delitos en 2006. Una tercera parte del país no tiene alcantarillado. La explotación laboral, los accidentes por minas antipersona, el reclutamiento por parte de grupos armados, el secuestro, el maltrato y la violencia sexual están a la orden del día para los niños y niñas.

No hay política pública que señale derroteros claros y que convoque a todos los sectores responsables de la garantía de los derechos de los niños y niñas. Por ahora, y cada vez con más fuerza, la política social del Gobierno, bastante centralista y homogénea, está fincada en transferencias monetarias a las familias, financiadas en buena parte con cargo a la deuda y en cuya aplicación se han presentado serias dificultades de focalización, insuficiente complementariedad entre servicios sociales, precariedad en los mecanismos de generación de capacidades ciudadanas, productivas y solidarias, y un alto nivel de dependencia de las familias beneficiarias. Los cogestores, al mejor estilo de los superhéroes, deberán conducir 1.500.000 familias hacia servicios que no está claro, si tienen capacidad de recibirlas o no.

Por otra parte, las políticas y los programas que benefician directamente a la niñez se encuentran regados en todas las instituciones nacionales. Lo que no significaría en sí una dificultad, a no ser porque no existen canales expeditos y lineamientos claros para la articulación, la complementariedad y la sinergia. Debe recogerse y unificar, a ver si rinde más la platica y los resultados son contundentes. La entidad Coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se encuentra en el lugar equivocado, jerárquicamente por debajo de todas las entidades que debe coordinar.

La cuestión de los niños es de todos y todas. Empeñémonos en construir un amplio consenso de largo plazo en torno de la infancia, que ordene las acciones de los diferentes sectores sociales y que sea capaz de superar la fragmentación para atender de manera integral los derechos universales, interrelacionados e interdependientes de ellos. Afortunadamente, iniciativas contra los violadores sexuales como la de la concejal Gilma Jiménez, convocatorias de rendición de cuentas tal como las realiza el Procurador General y el ‘quiéreme bien, quiéreme hoy’ del cuatrienio anterior en Bogotá, donde se invirtió el 55% del presupuesto general, muestran, entre otras, la preocupación por desarrollar políticas serias a favor de la infancia. Impongámonos el garantizar al menos una generación sin violencia, con oportunidades, pero sobre todo con afecto. Que lo que nos sorprenda sea la espontaneidad de los niños y niñas, su transparencia, su energía. En este contexto de caníbales no nos queda más que volver a lo fundamental.