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El Acuerdo Final de Paz no solamente era un instrumento para la terminación del conflicto con las Farc y la creación de la JEP. La reforma rural integral, la participación en política, la solución al problema de las drogas y la salvaguarda de los derechos de las víctimas eran puntos esenciales cuya implementación se quedó a medio camino por los cambios políticos que ha tenido Colombia en los últimos tres años. Dentro de estos puntos, uno de los más relevantes que se quedó en veremos fue garantizar la participación de las víctimas en el Congreso de la República.
Esta situación creo un profundo desequilibrio, pues mientras los exmiembros de las Farc pudieron tener una buena cantidad de curules en el Congreso, las organizaciones de víctimas étnicas, campesinas y territoriales se quedaron sin voz. Gran parte de esas víctimas se encuentran en los lugares más golpeados por el recrudecimiento de la guerra en los últimos dos años y por ello han salido a marchar para que el país las escuche para la protección de sus derechos.
Ante esta situación, la decisión de la Corte Constitucional de revivir las 16 curules otorgadas a las víctimas es una oportunidad histórica para darle solución a las peticiones de quienes participan en el paro nacional y una esperanza para concluir unas movilizaciones que no parecen tener fin. Estas 16 curules le pueden dar voz a muchas organizaciones que no se sienten escuchadas y que con un canal en el Congreso pueden llevar sus peticiones a un foro estratégico en el que se pueden discutir los grandes problemas de Colombia. Esas 16 curules están contempladas para municipios de Cauca, Arauca, Antioquia Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, La Guajira, Bolívar, Córdoba y Tolima, que son los que más han sido golpeados por el conflicto y por ello puede permitir no solamente restablecer muchos de los reclamos de las víctimas, sino que también van a generar procesos de participación política claves en este momento en el que miles de personas marchan sin que se puedan identificar líderes concretos que las representen.
Por ello para el Gobierno Nacional esta situación implica una oportunidad de oro para dar un avance clave en las negociaciones con la mesa del paro y canalizar todas esas voces en un proceso político ordenado y no en diálogos sectorizados que no parecen ir para ninguna parte. Prueba de ello es la renuncia de Miguel Ceballos, quien era el encargado de los diálogos con la mesa del paro en el momento más importante de las negociaciones.
La decisión de la Corte Constitucional abre un camino fundamental para darle solución a la situación abriendo un proceso electoral para convocar a millones de víctimas que buscan ser escuchadas y que hasta el momento solo han recibido estigmatización y maltrato. El presidente Duque debe aprovechar esta enorme oportunidad para permitir la participación de las víctimas y de sectores excluidos que han salido a marchar a las calles. Presidente Duque, usted tiene una oportunidad histórica para enderezar las cosas, quienes lo aconsejan de no escuchar los problemas de este país no están pensando en Colombia ni en su legado, sino solo en el futuro político de ellos mismos.
Posdata. Los bloqueos son ilegales y es necesario que se respalde a la Fuerza Pública al imponer el respeto a la Constitución. Acabar la institucionalidad y todo el sector productivo es un delito que tiene que ser atacado con contundencia.
