Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La propuesta de la generación de una amnistía general presentada por el expresidente Álvaro Uribe ha generado una discusión interesante sobre la necesidad de hacer una revisión general del sistema punitivo colombiano:
La primera es la absoluta falta de proporcionalidad del sistema, en el cual personas que cometen delitos menores tienen la misma pena que otras que incurrieron en actos muy graves contra los derechos humanos o constitutivos de corrupción. La razón es muy sencilla: mientras que el sistema ordinario se convirtió en una autopista del populismo punitivo, los sistemas transicionales (JEP y Justicia y Paz) han generado beneficios para lograr la paz. El resultado de ello es que no existen una sino varias políticas criminales paralelas que no tienen relación entre sí.
La segunda es el debate sobre la aplicación de la amnistía. El derecho internacional ha prohibido la aplicación de amnistías a miembros de la fuerza pública, tal como lo señalan los principios de Joinet aprobados por las Naciones Unidas y los fallos de los casos de Barrios Altos y la Masacre de la Cantuta vs. Perú o las Masacres del Mozote vs. El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta situación las amnistías no podrían aplicarse a miembros de la fuerza pública y hacerlo los dejaría expuestos a la Corte Penal Internacional en donde les serían aplicables penas de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, lo que demuestra la propuesta del expresidente Uribe es la necesidad de hacer reflexiones sobre el equilibrio que debe haber en el tratamiento de los militares y quienes hicieron parte de grupos al margen de la Ley. Ello no solamente por el derecho a la igualdad, sino por la necesidad de que exista una sola política criminal y no sistemas superpuestos entre sí.
La propuesta de la amnistía general nos invita a hacer una reflexión general del sistema punitivo en Colombia cuya política criminal es totalmente incoherente. La introducción del sistema acusatorio ha traído algunos avances en materia de publicidad y garantías, pero al mismo tiempo ha generado una terrible incoherencia punitiva: si cometes un delito y confiesas te rebajamos la mitad de la pena y te damos libertad condicional o prisión domiciliaria porque le ahorras al sistema el desgaste de hacer una investigación, pero si no negocias te expones a estar el doble de tiempo en la cárcel sin derecho a ningún beneficio. El resultado se ha visto en casos mediáticos como el de Epa Colombia y el carrusel de la contratación en Bogotá: si no negocias tienes que pagar la pena en la cárcel por cinco años por dañar una estación de Transmilenio, pero si lo haces puedes estar dos años en la cárcel y luego cumplir otros tres años en tu casa así te hayas robado una ciudad como Bogotá afectando a millones de personas.
Colombia está en mora de hacer una revisión general del sistema de penas, pues la falta de articulación y las incoherencias no están permitiendo una prevención general efectiva del crimen y por el contrario están dando mensajes contradictorios a la sociedad.
