El balance de la JEP en menos de un año de funcionamiento al público ha sido positivo: 11.675 personas han suscrito actas de sometimiento, más de 500 comparecientes se encuentran vinculados a macrocasos que se adelantan en todo el país, se escuchó a las víctimas más representativas de secuestro político, se han realizado más de 50 versiones libres frente a falsos positivos y se han recibido más de 160 informes de víctimas del conflicto que por primera vez tienen un organismo especializado en investigar esos crímenes.
Sin embargo, los demás aspectos de la implementación del proceso de paz presentan numerosos retrasos. Los programas de sustitución de los cultivos de coca, la búsqueda de personas desaparecidas, los planes de desarrollo rural, la restitución de tierras y la política de las víctimas no presentan avances considerables. A veces pareciera que, de las 310 páginas del Acuerdo Final, lo único que está funcionando es la JEP, y eso ha concentrado toda la presión sobre el éxito del proceso de paz en ese organismo, haciéndole cargar a cuestas un peso gigantesco.
El riesgo de esta situación es que en un país polarizado y en un año de elecciones los discursos políticos se siguen centrando en el proceso de paz, lo que somete a la JEP a una presión incalculable. La demostración de esa situación es el caso de la extradición de Santrich. Varios líderes de la FARC han señalado que esa decisión implicaría el fracaso del proceso, mientras que otras personas dicen que si no se le extradita se habrá demostrado que este sistema solo sirve para crear impunidad. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Si bien es una decisión muy relevante, no se puede condicionar un sistema de más de 10.000 desmovilizados a la decisión que se adopte sobre uno.
Tómese la decisión que se tome en ese caso habrá una gran controversia. Probablemente la mitad del país no quede satisfecha con la decisión. Pero la responsabilidad de la JEP no es complacer a la opinión pública. Su finalidad es garantizar los derechos de las víctimas, más allá de la turbulencia política que se avecina en un año de campañas. Es imposible que deje contento a todo el mundo, pero igual esa no es una función de la justicia en un Estado de derecho.
Además, la JEP es muy importante para el proceso, pero no es el proceso en sí. Colocarle a cuestas la responsabilidad del futuro de la paz está siendo totalmente contraproducente para nuestro país, porque nubla la vista sobre la compleja situación que padecen otros puntos claves del Acuerdo. Al tiempo que se realizan interminables debates sobre la JEP, en el 2018 asesinaron a más de 164 líderes sociales, el cultivo de drogas sigue subiendo y el Eln y las bacrim se han apoderado de muchos de los territorios dejados por las Farc, lo cual en ningún momento tiene relación con las funciones de esa jurisdicción.
Mientras el secretario general de las Naciones Unidas manifestó que “aún queda mucho para consolidar la paz” y se declaró enormemente preocupado por los asesinatos de líderes sociales, el debate político en Colombia se centra en el aspecto del Acuerdo que tiene mayores avances concretos y que en tan solo un año empieza a dar frutos. Si la JEP les sigue cumpliendo a las víctimas, le habrá cumplido al país.
P.D. Recordar a Yuval Harari en este momento: “Pueden provocarnos, pero al final todo dependerá de nuestras reacciones. Si la ley de la selva vuelve a imperar con fuerza, la culpa no será de los terroristas”.
El balance de la JEP en menos de un año de funcionamiento al público ha sido positivo: 11.675 personas han suscrito actas de sometimiento, más de 500 comparecientes se encuentran vinculados a macrocasos que se adelantan en todo el país, se escuchó a las víctimas más representativas de secuestro político, se han realizado más de 50 versiones libres frente a falsos positivos y se han recibido más de 160 informes de víctimas del conflicto que por primera vez tienen un organismo especializado en investigar esos crímenes.
Sin embargo, los demás aspectos de la implementación del proceso de paz presentan numerosos retrasos. Los programas de sustitución de los cultivos de coca, la búsqueda de personas desaparecidas, los planes de desarrollo rural, la restitución de tierras y la política de las víctimas no presentan avances considerables. A veces pareciera que, de las 310 páginas del Acuerdo Final, lo único que está funcionando es la JEP, y eso ha concentrado toda la presión sobre el éxito del proceso de paz en ese organismo, haciéndole cargar a cuestas un peso gigantesco.
El riesgo de esta situación es que en un país polarizado y en un año de elecciones los discursos políticos se siguen centrando en el proceso de paz, lo que somete a la JEP a una presión incalculable. La demostración de esa situación es el caso de la extradición de Santrich. Varios líderes de la FARC han señalado que esa decisión implicaría el fracaso del proceso, mientras que otras personas dicen que si no se le extradita se habrá demostrado que este sistema solo sirve para crear impunidad. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Si bien es una decisión muy relevante, no se puede condicionar un sistema de más de 10.000 desmovilizados a la decisión que se adopte sobre uno.
Tómese la decisión que se tome en ese caso habrá una gran controversia. Probablemente la mitad del país no quede satisfecha con la decisión. Pero la responsabilidad de la JEP no es complacer a la opinión pública. Su finalidad es garantizar los derechos de las víctimas, más allá de la turbulencia política que se avecina en un año de campañas. Es imposible que deje contento a todo el mundo, pero igual esa no es una función de la justicia en un Estado de derecho.
Además, la JEP es muy importante para el proceso, pero no es el proceso en sí. Colocarle a cuestas la responsabilidad del futuro de la paz está siendo totalmente contraproducente para nuestro país, porque nubla la vista sobre la compleja situación que padecen otros puntos claves del Acuerdo. Al tiempo que se realizan interminables debates sobre la JEP, en el 2018 asesinaron a más de 164 líderes sociales, el cultivo de drogas sigue subiendo y el Eln y las bacrim se han apoderado de muchos de los territorios dejados por las Farc, lo cual en ningún momento tiene relación con las funciones de esa jurisdicción.
Mientras el secretario general de las Naciones Unidas manifestó que “aún queda mucho para consolidar la paz” y se declaró enormemente preocupado por los asesinatos de líderes sociales, el debate político en Colombia se centra en el aspecto del Acuerdo que tiene mayores avances concretos y que en tan solo un año empieza a dar frutos. Si la JEP les sigue cumpliendo a las víctimas, le habrá cumplido al país.
P.D. Recordar a Yuval Harari en este momento: “Pueden provocarnos, pero al final todo dependerá de nuestras reacciones. Si la ley de la selva vuelve a imperar con fuerza, la culpa no será de los terroristas”.