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La situación de inseguridad a nivel nacional es insostenible y requiere respuestas inmediatas de la justicia.
Colombia vive una de las épocas de mayor violencia de las últimas décadas. La delincuencia está tomando el control en la mayoría del país sin que el Estado tenga una respuesta efectiva para poder contrarrestarla. Es el momento de generar una estrategia para quitarle el control a las organizaciones criminales que azotan gran parte del territorio colombiano.
A nivel local la inseguridad está disparada en las principales ciudades de Colombia. La personería ha informado que los hurtos han aumentado en un 52 % en Bogotá, sin que la alcaldesa ni su secretario hayan tomado medidas para poder contrarrestarlo. Durante meses varias estaciones de Transmilenio. Medellín está azotada por las bandas criminales, el Acopio, los Triana, La Matecaña, el combo de París, Los Chivos y “La Sierra” dominan sectores enteros de una ciudad en la que la comisión de delitos violentos ha aumentado en un 25 %. En Cali, la situación es aún peor. La ciudad apenas se recupera del caos sembrado en el Paro Nacional y las repúblicas independientes como Puerto Resistencia se convirtieron en zonas sin ley.
A nivel nacional la situación es muy grave. El paro armado del Eln demostró que ese grupo domina grandes zonas del Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca, mientras que durante el Paro causado por la extradición de Otoniel el Clan del Golfo paralizó cinco regiones enteras (norte de Antioquia, Chocó, Córdoba, Cesar y Bolívar), sin que la fuerza pública pudiera siquiera contrarrestarlos.
Las disidencias de las Farc dominan gran parte del occidente colombiano y los llanos orientales, donde manejan el negocio del tráfico de estupefacientes y están asociados a los grandes carteles mexicanos. Grandes partes del país están como en la época pre acuerdo de paz, con el asesinato de líderes, el reclutamiento forzado de menores y la violencia generalizada.
Ante esa situación las respuestas están siendo muy paradójicas. La guerra entre disidencias está teniendo mejores resultados que la respuesta estatal. Santrich y Gentil Duarte, líderes de las disidencias, no fueron capturados ni murieron en enfrentamientos con el Ejército, sino que fueron asesinados por la lucha por el poder entre grupos ilegales. Mientras tanto cada vez que es capturado un líder de las Bacrim es reemplazado al instante por otro más sanguinario que el anterior.
Lamentablemente la justicia poco ayuda a mejorar el panorama. Cada vez que se captura a un delincuente la respuesta de la justicia es totalmente ineficiente. La mejor demostración de la absoluta ineficacia del Estado para contrarrestar la criminalidad fue la extradición de Otoniel. Pese a tener cientos de delitos por los que debía pagar en Colombia se prefirió extraditarlo para evitar su fuga, lo cual demuestra el fracaso rotundo de nuestra justicia para luchar contra la criminalidad. Y pues sí, la verdad es que la corrupción en el INPEC es de tal nivel que muy seguramente si no se hubiera enviado a los Estados Unidos hubiera terminado fugándose o seguiría dirigiendo al Clan del Golfo desde la cárcel. Triste pero cierto.
La seguridad debe ser una prioridad para el Estado colombiano. Lo mínimo que debe brindarle un país a sus ciudadanos es la seguridad de no ser asesinado, robado o violado en una calle, pero para ello es necesario hacer una reforma estructural de un sistema judicial más centrado en hacer lucir a los abogados que en hacer pagar a los criminales. De qué sirve tanta parafernalia de las audiencias que se han convertido en verdaderos reality shows en los que los penalistas parecen protagonistas de una película, si el sistema penal no permite siquiera prevenir que los acusados sigan cometiendo delitos. El modelo procesal penal ha sido un fracaso absoluto donde la técnica del sistema acusatorio ha superado la verdad y un defensor habilidoso puede liberar en segundos a su cliente mientras la Fiscalía parece un espectador más del teatro en el que se convirtió la justicia. No se trata de recortar garantías sino de simplificar un proceso tan complejo que una mala anotación hecha en el formato de captura causa la libertad de un procesado. En materia penitenciaria la crisis es aún peor, la corrupción y la ineficiencia ha hecho que sea imposible impedir que un condenado siga delinquiendo desde la cárcel.
Colombia necesita seguridad, pero para ello requiere de un sistema judicial fuerte que realmente castigue a los criminales y no les permita seguir delinquiendo desde la cárcel.
