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El archivo de la investigación contra Colombia implica un espaldarazo al trabajo que viene cumpliendo la JEP en la investigación de los graves crímenes que se cometieron en el conflicto armado en Colombia.
La creación de la JEP fue fundamental para el cierre de la investigación preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto de Colombia. El análisis se inició en el año 2004 y se prolongó durante 17 años, en la mayoría de los cuales no se veía ningún avance. Año a año la Fiscalía de la CPI reportaba preocupaciones, problemas y cuestionamientos a la situación de derechos humanos y a la forma como se estaban investigando los crímenes cometidos en Colombia. Fue solo hasta el año 2018, cuando comenzó a funcionar la JEP, que los reportes comenzaron a mejorar. En el Informe sobre las actividades de examen preliminar del año pasado, la Fiscalía de la CPI ya señalaba: “En este sentido, el Fiscal Adjunto remarcó la importancia de que la JEP cumpla su mandato en forma robusta e independiente, con el apoyo concertado de las autoridades nacionales”.
El reciente Acuerdo de Cooperación entre la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Colombia es claro en reconocer “el progreso alcanzado por las autoridades judiciales en la rendición de cuentas, tanto a través de la justicia ordinaria como de los sistemas de justicia transicional, incluyendo el sistema de Justicia y Paz y el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, destacando en particular su papel positivo”. Por ello el primer compromiso del Gobierno Nacional con la CPI es “continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz”. Este compromiso tiene profundas consecuencias para el Estado como las siguientes:
1. Pese a las propuestas de los sectores más radicales en la campaña para el 2022, la JEP no podrá eliminarse ni cambiarse radicalmente. Incluso las reformas que se presenten deberán ser vistas con lupa pues podrían implicar una reapertura del proceso o una falta de compromiso con la CPI. Incluso el artículo 6º señala de manera categórica que podrá reconsiderar su evaluación ante “cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz de manera que pueda retrasar u obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos”
2. La JEP no podrá afectarse material ni presupuestalmente. Los recortes radicales de gastos propuestos por varios candidatos radicales de derecha no serán vistos con buenos ojos en la Haya y podrían implicar revisiones materiales.
3. Finalmente, el apoyo de Karim Khan se materializará en acciones concretas de cooperación en un nuevo modelo en el que incluso podrá actuar de manera más permanente, tal como se lo expresó al diario El País de España: “Tras evaluar el admirable trabajo de la JEP con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que ha habido un intento genuino por parte de las instituciones de Colombia de cumplir con sus obligaciones internacionales. Lo correcto era seguir apoyando a Colombia, pero no como parte del examen preliminar.”.
Curiosamente, con la firma de este documento con la fiscalía de la CPI, el Presidente Duque ha otorgado a la JEP un blindaje mucho más profundo que el de los Actos legislativos que incorporaron el Acuerdo Final, pues ya no se trata solo de normas nacionales que pueden variar por los avatares de la política nacional, sino que ahora es un compromiso con un organismo apoyado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
