Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno de los efectos del proceso de paz fue haber tenido las elecciones más tranquilas de los últimos tiempos, lo cual fue destacado en su momento por las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y Registraduría. El efecto de esta situación no solamente fue la reducción de la violencia durante el periodo de la campaña, sino también unos resultados electorales que garantizaron autoridades regionales más transparentes e independientes. Actualmente la situación es totalmente distinta, lo cual no solamente preocupa de cara a las votaciones de octubre, sino frente a quiénes van a tener el poder político en las regiones.
Desde las grandes ciudades pareciera que no hubiera cambiado nada. En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se adelanta una campaña política sin más sobresaltos que las discusiones de los candidatos. El video de hace 15 días de Juanpis González representa lo que todavía piensan muchos colombianos sobre el conflicto armado. Sin embargo, en el resto del país la situación es totalmente distinta. 402 de los 1.122 municipios del país están en riesgo. 54 candidatos han sido víctimas de hechos violentos directos como asesinatos, amenazas, secuestros y atentados, y el resto vive en una zozobra permanente. La ferocidad del ataque que acabó con la vida de la candidata a la Alcaldía de Suárez y de sus escoltas demuestra que estamos reviviendo las peores épocas de la violencia política.
Las bacrim, el Eln, las disidencias de las Farc, el resurgimiento de los paramilitares y hasta los narcotraficantes se han tomado varias regiones de Colombia y seguramente cooptarán muchos candidatos para sus fines delictivos como sucedió hace varias décadas. En este momento todas son bandas criminales sin ninguna ideología más allá de la obtención de recursos a través del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Además, nos espera la desviación de miles de millones de pesos hacia los grupos armados a través de contratos públicos, el volteo de tierras, la corrupción generalizada y la desidia de muchas autoridades frente a la lucha contra la criminalidad de sus aliados políticos.
Si no se toman acciones inmediatamente, será imposible recuperar el tiempo perdido en la búsqueda de la paz y la lucha contra la criminalidad. Cada vez que una alcaldía o un concejo son tomados por la criminalidad los efectos de la violencia se disparan y la población civil ya no tiene a quién acudir ante la criminalidad. Estamos ad portas de una evolución de este fenómeno aún más terrible que los anteriores: la bacrimpolítica, que es lo mismo que colocar a Pablo Escobar a participar en política. Las bandas criminales no tienen hígado y, por ello, permitirles que se apoderen de las autoridades locales puede disparar la violencia.
El riesgo de que el país caiga en manos de las bandas criminales pasa por los comicios de octubre. La Fiscalía, la Registraduría y la Procuraduría deben estar atentas para evitar que esto suceda, pues sería desastroso para el país.
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno de los efectos del proceso de paz fue haber tenido las elecciones más tranquilas de los últimos tiempos, lo cual fue destacado en su momento por las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y Registraduría. El efecto de esta situación no solamente fue la reducción de la violencia durante el periodo de la campaña, sino también unos resultados electorales que garantizaron autoridades regionales más transparentes e independientes. Actualmente la situación es totalmente distinta, lo cual no solamente preocupa de cara a las votaciones de octubre, sino frente a quiénes van a tener el poder político en las regiones.
Desde las grandes ciudades pareciera que no hubiera cambiado nada. En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se adelanta una campaña política sin más sobresaltos que las discusiones de los candidatos. El video de hace 15 días de Juanpis González representa lo que todavía piensan muchos colombianos sobre el conflicto armado. Sin embargo, en el resto del país la situación es totalmente distinta. 402 de los 1.122 municipios del país están en riesgo. 54 candidatos han sido víctimas de hechos violentos directos como asesinatos, amenazas, secuestros y atentados, y el resto vive en una zozobra permanente. La ferocidad del ataque que acabó con la vida de la candidata a la Alcaldía de Suárez y de sus escoltas demuestra que estamos reviviendo las peores épocas de la violencia política.
Las bacrim, el Eln, las disidencias de las Farc, el resurgimiento de los paramilitares y hasta los narcotraficantes se han tomado varias regiones de Colombia y seguramente cooptarán muchos candidatos para sus fines delictivos como sucedió hace varias décadas. En este momento todas son bandas criminales sin ninguna ideología más allá de la obtención de recursos a través del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Además, nos espera la desviación de miles de millones de pesos hacia los grupos armados a través de contratos públicos, el volteo de tierras, la corrupción generalizada y la desidia de muchas autoridades frente a la lucha contra la criminalidad de sus aliados políticos.
Si no se toman acciones inmediatamente, será imposible recuperar el tiempo perdido en la búsqueda de la paz y la lucha contra la criminalidad. Cada vez que una alcaldía o un concejo son tomados por la criminalidad los efectos de la violencia se disparan y la población civil ya no tiene a quién acudir ante la criminalidad. Estamos ad portas de una evolución de este fenómeno aún más terrible que los anteriores: la bacrimpolítica, que es lo mismo que colocar a Pablo Escobar a participar en política. Las bandas criminales no tienen hígado y, por ello, permitirles que se apoderen de las autoridades locales puede disparar la violencia.
El riesgo de que el país caiga en manos de las bandas criminales pasa por los comicios de octubre. La Fiscalía, la Registraduría y la Procuraduría deben estar atentas para evitar que esto suceda, pues sería desastroso para el país.