Colombia es un país que quiere y respeta a sus Fuerzas Armadas. Mientras otros países como Argentina, España, Brasil, Perú y Chile han sufrido cruentas dictaduras que vulneraron durante décadas los derechos de los ciudadanos, en nuestro país el Ejército ha sido respetuoso de la democracia y de los derechos civiles. Uno de los elementos fundamentales que han permitido esa convivencia democrática es el sometimiento de la Fuerza Pública al presidente a través del Ministerio de Defensa. Sin embargo, también ha generado que la seguridad se instale en el mundo de la política y con ello en la cadena de producción industrializada de los resultados y las estadísticas.
El punto concreto está en definir cuáles son esos productos (resultados) y cómo se revelan. En una lógica industrializada los resultados serán cifras concretas de afectaciones al enemigo y en una lógica democrática, la paz de los ciudadanos. Esto depende en gran medida de si en el Ministerio de Defensa se nombran personas especializadas en resultados o en justicia. Si se hace lo primero, se cae en el riesgo de pensar que las cifras están por encima de la paz y de la protección de los derechos de los ciudadanos.
Un factor que agrava esta situación es que el nivel de violencia y los pocos resultados de la justicia en Colombia hacen que en abstracto una baja pueda considerarse como un resultado positivo y no simplemente como una situación que puede presentarse en una confrontación. Una cosa es que el DIH permita que en un conflicto puedan presentarse excepcionalmente muertes producto de las confrontaciones o de la legítima defensa de los soldados, y otra muy distinta que se diga abiertamente con regocijo que una baja es un resultado positivo de una política de seguridad, como se hace muchas veces en la sociedad. En un país democrático toda muerte debe ser lamentada, independientemente del carácter de la víctima o de su autor, lo contrario es simplemente barbarie industrializada a través de cifras.
Los falsos positivos no son una leyenda. Están demostrados por decenas de sentencias judiciales fundadas no solo en pruebas testimoniales y forenses, sino en la propia confesión de sus autores. Por ello, una vez suscrito el Acuerdo de Paz, se esperaba que se hiciera una revisión completa de la política de seguridad para evitar que esta situación volviera a repetirse. Sin embargo, en vez de ello se emiten documentos como el Planteamiento de Objetivos 2019, que exigía duplicar resultados operacionales entendidos como suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. A esto se suma la orden de bajar el nivel de precisión para lograr más resultados, el asesinato en extrañas circunstancias de Dimar Torres y Flower Trompeta, los problemas de inteligencia militar que llegaron al extremo de remitir al presidente de la República fotografías en lugares y fechas que no se habían presentado y el reciente hallazgo de la muerte de ocho niños en un bombardeo. Estas situaciones son imperdonables, pero la más terrible es la muerte de los menores, pues todo niño en combate es sujeto de un delito de reclutamiento y por ello su muerte es de víctimas del conflicto.
Quienes queremos al Ejército Nacional deseamos que se superen estas circunstancias y valoramos el sacrificio de quienes están arriesgando su vida en el frente de batalla. Sin embargo, no podemos ser hipócritas, la única forma de superar este problema es que todos los colombianos superemos la mentalidad salvaje de exigirles bajas a las Fuerzas Armadas y de industrializar el manejo de la seguridad pensando que lo único importante son los resultados.
Colombia es un país que quiere y respeta a sus Fuerzas Armadas. Mientras otros países como Argentina, España, Brasil, Perú y Chile han sufrido cruentas dictaduras que vulneraron durante décadas los derechos de los ciudadanos, en nuestro país el Ejército ha sido respetuoso de la democracia y de los derechos civiles. Uno de los elementos fundamentales que han permitido esa convivencia democrática es el sometimiento de la Fuerza Pública al presidente a través del Ministerio de Defensa. Sin embargo, también ha generado que la seguridad se instale en el mundo de la política y con ello en la cadena de producción industrializada de los resultados y las estadísticas.
El punto concreto está en definir cuáles son esos productos (resultados) y cómo se revelan. En una lógica industrializada los resultados serán cifras concretas de afectaciones al enemigo y en una lógica democrática, la paz de los ciudadanos. Esto depende en gran medida de si en el Ministerio de Defensa se nombran personas especializadas en resultados o en justicia. Si se hace lo primero, se cae en el riesgo de pensar que las cifras están por encima de la paz y de la protección de los derechos de los ciudadanos.
Un factor que agrava esta situación es que el nivel de violencia y los pocos resultados de la justicia en Colombia hacen que en abstracto una baja pueda considerarse como un resultado positivo y no simplemente como una situación que puede presentarse en una confrontación. Una cosa es que el DIH permita que en un conflicto puedan presentarse excepcionalmente muertes producto de las confrontaciones o de la legítima defensa de los soldados, y otra muy distinta que se diga abiertamente con regocijo que una baja es un resultado positivo de una política de seguridad, como se hace muchas veces en la sociedad. En un país democrático toda muerte debe ser lamentada, independientemente del carácter de la víctima o de su autor, lo contrario es simplemente barbarie industrializada a través de cifras.
Los falsos positivos no son una leyenda. Están demostrados por decenas de sentencias judiciales fundadas no solo en pruebas testimoniales y forenses, sino en la propia confesión de sus autores. Por ello, una vez suscrito el Acuerdo de Paz, se esperaba que se hiciera una revisión completa de la política de seguridad para evitar que esta situación volviera a repetirse. Sin embargo, en vez de ello se emiten documentos como el Planteamiento de Objetivos 2019, que exigía duplicar resultados operacionales entendidos como suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. A esto se suma la orden de bajar el nivel de precisión para lograr más resultados, el asesinato en extrañas circunstancias de Dimar Torres y Flower Trompeta, los problemas de inteligencia militar que llegaron al extremo de remitir al presidente de la República fotografías en lugares y fechas que no se habían presentado y el reciente hallazgo de la muerte de ocho niños en un bombardeo. Estas situaciones son imperdonables, pero la más terrible es la muerte de los menores, pues todo niño en combate es sujeto de un delito de reclutamiento y por ello su muerte es de víctimas del conflicto.
Quienes queremos al Ejército Nacional deseamos que se superen estas circunstancias y valoramos el sacrificio de quienes están arriesgando su vida en el frente de batalla. Sin embargo, no podemos ser hipócritas, la única forma de superar este problema es que todos los colombianos superemos la mentalidad salvaje de exigirles bajas a las Fuerzas Armadas y de industrializar el manejo de la seguridad pensando que lo único importante son los resultados.