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Es el momento de darle prioridad a la justicia para centrarla en solucionar los problemas de todos los ciudadanos.
La justicia es una de las principales necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, en Colombia no se le ha dado prioridad y por ello existen enormes problemas de impunidad, dilaciones e ineficiencia que exigen medidas inmediatas para darle respuesta a millones de personas que ni siquiera presentan denuncias o demandas por la falta de confianza en un sistema que incluso en los casos más evidentes permite que un proceso tenga un promedio de duración de ocho años, y no por culpa de jueces y fiscales que diariamente cumplen sus funciones, sino de un modelo que no da las herramientas suficientes para abordar la congestión. Lamentablemente siempre se termina dando prioridad a otros aspectos, por ello es el momento de darle la importancia que merece con un modelo de justicia para la gente con fundamento en cinco puntos:
1. Respeto por la independencia de la Rama Judicial. Cualquier propuesta de mejora de la justicia en Colombia debe partir del respeto por la autonomía de los jueces, que es uno de los principales patrimonios del Estado de Derecho.
2. Modernización. En Colombia la gran mayoría de nuestros jueces está trabajando con herramientas de hace más de un siglo en instalaciones viejas e insuficientes. Si queremos una mejor justicia hay que dotarlos de instalaciones modernas, digitalizar todos los expedientes y generar un sistema unificado de información a través del cual puedan consultar datos de toda la justicia para adoptar decisiones más rápidas y completas.
3. Fortalecer la cultura del cumplimiento de las decisiones judiciales. En Colombia la violencia ha hecho perder el respeto por nuestros jueces que emiten decisiones que no se cumplen porque las personas se insolventan o se van y no pasa nada. Mucha gente no paga sus deudas, incumple contratos y no paga los alimentos que le deben a sus hijos. Esto tiene que cambiar, empoderando las decisiones judiciales y haciendo que quien las incumpla vaya a la cárcel.
4. Reforma integral hecha con la gente que las aplica. En Colombia, gran parte de las reformas legales se hacen de espaldas a la realidad, fruto de copias mal hechas. Ejemplo de ello es el Código de Procedimiento Penal de 2004, una pésima copia de la ley de Puerto Rico. El resultado ha sido catastrófico. Las estadísticas indican que menos del uno por ciento de los casos denunciados llega a condena y que la mayoría es por casos de flagrancia, mientras abundan las demandas por privación ilegal de la libertad.
5. Reforma judicial para la gente. En Colombia gran parte del esfuerzo presupuestal en la justicia está enfocado solamente en procesos de connotación nacional. Cientos de fiscales investigando un solo caso mientras las denuncias y demandas de millones de personas duermen el sueño de los injustos. Tan importante es el proceso de la persona que le roban su local como cualquier otro, sobre todo porque si ese delito no se juzga ronda un sentimiento de injusticia en las calles por la que ya nadie tiene miedo a cometer un crimen. Hay que devolverle a la gente la confianza en la justicia haciendo una labor integral en todos los procesos.
6. Macro procesamiento. En Colombia anualmente se presentan más de un millón de denuncias y cientos de miles de demandas que es imposible tramitar de manera individual. En tribunales internacionales como la CPI se han dado cuenta de esto y por ello acumulan esfuerzos para tramitar en un solo proceso cientos de hechos con mayor sistematización de información, más pruebas y decisiones más rápidas. Este modelo se aplicó en Justicia y Paz y lo está aplicando la JEP y gracias a ello en menos tiempo y de manera más técnica se pueden generar mejores resultados.
Para ello es necesario generar una reforma a los códigos de procedimiento para mejorar la eficiencia comenzando por el de procedimiento penal. Debe convocarse una gran comisión de expertos encabezada por jueces y académicos para darle solución a un modelo tan engorroso que favorece la impunidad a través de trámites totalmente innecesarios que favorecen la dilación infinita de los procesos. El país no aguanta más impunidad de los crímenes que se cometen diariamente en las calles.
El Estado debe darle prioridad a la justicia y enfocarla en darle soluciones a los problemas de la gente.
