La expedición del Decreto 811 de 2021 dejó a los nuevos empresarios como los líderes de un negocio multimillonario, mientras que los campesinos cultivadores seguirán siendo criminalizados.
En Colombia no hay una política criminal. Las leyes penales se expiden sin el más mínimo estudio de impacto ni se hacen evaluaciones periódicas sobre su funcionamiento. Para poner solo algunos ejemplos: 1. Se aprobó la cadena perpetua pese a que la situación de hacinamiento carcelario es insostenible, 2. Es igual de grave robarse un caldo que un secuestro y 3. Una persona que acepte responsabilidad por delitos graves como la violación puede tener la misma pena que alguien que cometa una falsedad pero no acepte cargos. El Código Penal está tan mal redactado que da igual cometer 2 que 5 delitos (tanto que se dice que el 3º sale gratis).
Tristemente ya nos acostumbramos a eso. Sin embargo, estamos a punto de generar la situación más absurda e injusta de la historia del Derecho penal colombiano. Por cuenta de la expedición de un decreto para la legalización de la utilización de la marihuana industrial sin despenalizar al mismo tiempo su cultivo, llegaremos al absurdo de sancionar al campesino que la siembra y premiar al empresario que la explota. La historia realmente es insólita.
En Colombia la siembra de marihuana sigue estando criminalizada con penas de hasta 12 años de cárcel. El artículo 375 del Código Penal sigue diciendo: “El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años”. En el año 2016 se expidió la Ley 1787 que legaliza la utilización de marihuana para usos científicos o medicinales, lo cual de manera coherente incluyó una reforma al Código Penal despenalizando la siembra para esos efectos.
Sin embargo, lo que acaba de hacer el Gobierno con el Decreto 811 de 2021 es autorizar un nuevo uso, el industrial, sin realizar ninguna modificación en el Código Penal y definiendo los usos industriales como “los usos distintos a los médicos y científicos”, es decir, cualquier uso, colocando luego unos ejemplos meramente enunciativos, siempre y cuando en todo caso se cuente con complejas licencias para su explotación.
En pocas palabras se regularizó el mercado de la marihuana, pero no se despenalizó y además se sometió su explotación a un complejo sistema de licencias y autorizaciones al alcance de unos pocos. Este nuevo decreto deja a los campesinos cultivadores como autores de delitos y a los nuevos empresarios como los grandes beneficiados de un negocio multimillonario, lo que implica la legalización VIP de la marihuana solo para quienes tengan el capital para poder explotarla industrialmente. Esto es equivalente a meter a la cárcel al campesino que siembra tabaco y premiar al industrial que vende cigarrillos, lo cual es verdaderamente ridículo.
La única solución a esta absurda situación es la descriminalización de la siembra de marihuana, pues de lo contrario llegaremos al absurdo de que la misma conducta sea o no delito de acuerdo a si la comete un campesino o un empresario con la infraestructura y el capital para participar en el negocio.
