La toma del Palacio de Justicia en el año 1985 generó un holocausto para la justicia colombiana de la cual tal vez nunca podrá recuperarse. En ella fallecieron varios de los juristas más brillantes de la historia de nuestro país en un apocalipsis de horror que dejó una huella imborrable en nuestra memoria. La reciente Sentencia de Francisco Ricaurte ha revelado al país que 20 años después, la corrupción se tomó una de las instituciones más apreciadas por los colombianos.
El cartel de la toga es uno de los episodios más oscuros de la justicia en Colombia. La Sentencia de Francisco Ricaurte no hace referencia a episodios aislados, sino a un supermercado judicial que vendía todo tipo de actuaciones: autos, sentencias, información reservada, dilación de procesos y órdenes de captura eran negociadas al mejor postor. El mecanismo revelado era muy sofisticado, pues se valía de numerosos intermediarios para intentar asegurar la impunidad e involucraba a personas dentro y fuera de la justicia que lograban articularse como si se tratara de una organización criminal.
Esta situación además no era aislada: la matriz del principio de oportunidad de Gustavo Moreno señala cómo el cartel afectó a más de 15 procesos de Congresistas y Gobernadores e involucra a 4 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los cuales dos fueron expresidentes de ese organismo judicial.
Este caso revela problemas endémicos que ha tenido por mucho tiempo la administración de justicia que sumados a la falta de eficiencia hacen que se requiera una reflexión estructural el sistema y que hacen extrañar a la Corte anterior al holocausto que tal vez nunca pudo reconstruirse. Sin embargo, la sentencia contra Francisco Ricaurte también muestra que no todo está perdido, sino que existe esperanza en el futuro de la justicia:
1. La Rama Judicial demostró su independencia al condenar sin ninguna contemplación a un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia a la máxima pena. Antes esta situación era impensable por el poder que tenían los magistrados de las altas cortes. Hoy en día en este caso como en el del Ex magistrado Gustavo Malo, la Justicia ha mostrado que no le tiembla la mano para tomar decisiones.
2. El Estatuto Anticorrupción tuvo un efecto eficaz en la lucha anticorrupción. Esa ley aumentó las penas de todos los delitos y prohibió los beneficios penitenciarios. Antes del Estatuto Anticorrupción, Ricaurte hubiera sido condenado por mucho a 5 años y se le hubiera concedido una libertad condicional porque ya ha estado varios años privado de la libertad.
3. Se demostró que la delación es clave para la lucha contra la corrupción. Sin el testimonio de Gustavo Moreno difícilmente se hubiera podido llegar a condenar a Ricaurte y a estructurar un proceso sólido contra Gustavo Malo. El Estatuto Anticorrupción eliminó todos los beneficios salvo la colaboración con la justicia, lo cual lleva a quienes han incurrido en un acto de corrupción a una encrucijada: o colaboran o pueden ser condenados a penas de alrededor de 30 años de prisión.
La gran mayoría de la Rama Judicial es honesta y sus funcionarios y magistrados trabajan duramente por una justicia más transparente y honesta, por ello se deben tomar enseñanzas para hacer una reflexión sobre lo que se necesita para que estos casos no se vuelvan a repetir.
