Los Caicedo convirtieron la empresa de servicios públicos de esta ciudad en su fortín político y ahora se niegan a perderlo.
La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) fue tomada desde hace varios años por los Caicedo, quienes la convirtieron en una empresa de bolsillo que brinda un pésimo servicio a los ciudadanos. Todo comenzó con la designación como gerente de Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien se ufanaba de salvar a ese departamento de la corrupción, mientras dejaba a su familia manejando la principal empresa pública de la región para repartir contratos. Lo que para cualquiera hubiera sido un claro acto de nepotismo para ellos era normal, tan normal que además suscribieron contratos con la compañera sentimental del gobernador, es decir, con la propia cuñada de la gerente de la Essmar. Pero ese solo es el comienzo. El procurador judicial ambiental y agrario del departamento del Magdalena dijo que “del año 2015 a 2020 el Distrito ha dispuesto de más de $750.000 millones de recursos de libre inversión, sin que se prioricen para efectos de atender el saneamiento ambiental básico y de las soluciones básicas aún insatisfechas para la población”. Mientras tanto, el servicio prestado era cada vez peor.
La Superservicios decidió tomar cartas en el asunto y mediante resolución de noviembre de 2021 intervino la Essmar al encontrar situaciones totalmente irregulares de esa empresa: 1) No cumplía con la continuidad del servicio ni con la presión establecida en la norma técnica. 2) Ha presentado incumplimientos en los parámetros físico-químicos y microbiológicos establecidos por la regulación. 3) No cuenta con la concesión de aguas para utilizar los pozos El Mayor, Villa Alejandría II y Bavaria. 4) Los créditos desembolsados a la empresa han superado los valores aprobados por la junta directiva a la gerencia. 5) Se generó un déficit de $13.703 millones. 6) Se presentó una pérdida operacional y neta de $3.397,8 millones. 7) Se incrementaron los pasivos en un 87,06 %. 8) La tapa, se incumplieron las obligaciones con la DIAN, la Gobernación del Magdalena y el Distrito por más de $19.789 millones. En resumen, la Superservicios encontró que la Essmar prestaba un pésimo servicio a los usuarios, incumplía las normas ambientales, generó un multimillonario déficit, se endeudó de manera insostenible y ni siquiera pagaba todos sus impuestos.
Sin embargo, el ejército del gobernador Caicedo no se iba a dejar quitar el negocio tan fácil. Carlos Enrique Páez, exsecretario general de Essmar; Patricia Caicedo Omar, exgerente de Essmar, y Rafael Alejandro Martínez, actual candidato al Senado, quien no tiene nada que ver en todo esto, presentaron acciones de tutela contra la intervención de la Superservicios. Curiosamente y pese a tener los mismos intereses, no pudieron presentar una sola acción sino tres, a ver cuál llegaba a un juez concreto, técnica muy usada por los abogados corruptos para buscar que le caiga a algún amigo de la causa. Y al final se salieron con la suya, la tutela presentada por Rafael Alejandro Martínez fue concedida, pese a que él no trabajaba en la Essmar, ni tenía ningún vínculo con ella, ni tiene nada que ver en esto. ¿Qué legitimidad tenía Martínez para interponer esa tutela? ¿Cómo hizo el juez para considerar que la tutela superaba el requisito de subsidiariedad cuando contra la decisión de intervención cabían otros recursos? ¿Cómo en menos de 10 días un juez pudo recaudar pruebas para contradecir las obtenidas por la Superservicios en un año? Preguntas imposibles de resolver.
La Essmar ha sido cooptada por el nepotismo, el clientelismo y la pésima gestión. Lamentablemente, las triquiñuelas judiciales de quienes ahora se anuncian como los líderes de la lucha anticorrupción han condenado a los samarios a seguir padeciendo una de las empresas de servicios públicos más ineficientes de Colombia.
